Las organizaciones sindicales de CC.OO., CSIF, UGT y SPPMCyL, integrantes de la Junta de personal de funcionarios del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, denuncian que han tenido que acudir continuamente a los juzgados para defender sus condiciones de trabajo. En casi 30 ocasiones los juzgados han dado la razón a los trabajadores siendo incluso condenado el ayuntamiento con el pago de las costas judiciales, "dinero que sale de los vecinos y no de los responsables políticos que despóticamente generan esas discriminaciones".3

Los sindicatos aseguran que como muestra de ello son las dos últimas sentencias que están pendientes de ejecutar desde antes del mes de septiembre lo que conlleva además un pago de intereses, que también saldrá de los bolsillos de los vecinos.

Los funcionarios desean acabar con tantos años sin convenio colectivo, estando obligados a prorrogar el firmado en el año 2002. Denuncian que aun habiendo acuerdos firmados por miembros del equipo de gobierno actual no se han querido llevar al Pleno para su aprobación final. "Firman un acuerdo y luego no respetan lo que firman creando una sensación de engaño o de estafa en los trabajadores. No entendemos cómo se pueden  gastar hasta 300000 euros en cursos de formación de garantía social para cubrir precarios puestos de trabajo en determinadas empresas privadas y mientras niegan a sus empleados la eliminación de discriminaciones laborales", han asegurado los sindicatos en un comunicado.

Sindicatos piden también mejoras en los vehículos municipales

Los vehículos propios del ayuntamiento, al igual que los de la Policía, tienen una antigüedad de más de 9 años. La mitad de ellos superan los 13 años, llegando incluso una de las furgonetas usada por los auxiliares de mantenimiento a los 25 años. Estos vehículos no cumplen las medidas de seguridad y protección para la salud de los trabajadores, así como diariamente incumplen la normativa relativa a la circulación de los vehículos al ser utilizados para las distintas tareas.

Los trabajadores también se quejan de las condiciones fisicas de trabajo pues el edificio del nuevo ayuntamiento, publicitado en 2012 como inteligente y que costó casi un millón de euros, no tiene una buena temperatura en el interior. Los funcionarios aseguran que tienen que soportar altas temperaturas en verano y, en invierno, incluso tienen que trabajar con los abrigos puestos.