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La protesta ganadera no cumple su objetivo y los trabajadores dejarán de sanear a partir del 12 de junio

Unión por la Ganadería boicoteará los saneamientos incluidos en las medidas contra la tuberculosis bovina si las Administraciones no modifican los actuales protocolos

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La protesta ganadera no cumple su objetivo y los trabajadores dejarán de sanear a partir del 12 de junio
Tamara Navarro
Tamara Navarro
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Un detenido, once policías contusionados y un ganadero herido con una brecha en la cabeza, es el balance de la manifestación protagonizada en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca por un grupo de manifestantes convocados por Unión por la Ganadería. 

La manifestación, en la que se dieron cita centenares de ganaderos este lunes, comenzó con pitadas, cencerros y gritos de dimisión, para desembocar en el lanzamiento de huevos, bengalas, pintura y petardos a las paredes del edificio.

 

 

El momento de máxima tensión se vivió cuando la Policía Nacional permitió entrar a los representantes de las OPAS, seguidos de una avalancha de manifestantes que intentó acceder al interior de la delegación sin éxito.

Tras horas de negociaciones, los trabajadores del campo desconvocaron la protesta sin éxito. Según el portavoz de Unión por la Ganadería y el presidente de ASAJA Salamanca, Jacinto Sánchez y Juan Luis Delgado respectivamente, "vamos a movilizar a gente para que impida desarrollar los saneamientos a partir del día 12 de junio si no hay cambios, porque se está poniendo en jaque la viabilidad de las explotaciones"

Cabe destacar que, durante el trascurso de la reunión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acordó suspender cautelarmente la aplicación de la resolución de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, por la que se desarrollaban determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes, flexibilizando el movimiento de ganado. Una petición de la Abogacía del Estado basada en la "ilegalidad manifiesta de la resolución" por incurrir en "infracción tanto de la normativa europea como de la normativa básica del Estado español".