La adjudicación de las obras para reformar la oficina de turismo de la Diputación queda desierta

El proyecto de reforma de la oficina de turismo de la Diputación de Salamanca está en el aire, porque ninguna empresa ha presentado ofertas para ejecutar la obra, según recoge el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su web de contrataciones. El estado de la licitación se da por resuelto, con resultado "desierto".

La obra salió a contratación por un precio base de 66.115 euros. El proyecto pretendía remodelar las instalaciones de la oficina de información turística de La Salina, en la esquina entre la Rúa Mayor y la calle Felipe Espino, porque según recogía el pliego de la obra, las instalaciones actuales están "obsoletas" y hay que mejorar la "infraestructura, visibilidad y espacio necesario para la realización de actividades de promoción adecuadas". El objetivo último era crear "un espacio polivalente para realización de actos de promoción turística" y convertirlo en "un escaparate a los valores paisajísticos, etnográficos, y culturales de la provincia de Salamanca". La Diputación deseaba "hacer llamativa y fácilmente visible la oficina desde la calle para atraer al interior a los visitantes".

Desde La Salina explican que la intención es volver a sacar las obras a contratación "una vez se revise el precio".

No es la primera administración salmantina que se ve en esta tesitura porque el Ayuntamiento está en una situción similar a cuenta del Puerto Seco. De hecho, esta misma semana el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, advertía en una jornada de trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el grave problema "social y para el empleo" que se producirá si no se adoptan por parte del Gobierno central las medidas legales necesarias que les permita hacer frente al sobrecoste de precios en las obras públicas. Javier Iglesias explicó que el fuerte incremento de los precios provocados por diversos factores externos está afectado de forma directa a las empresas de construcción dedicadas a obra pública, que son adjudicatarias de obras y que, en muchos de los casos, no podrán hacer frente a los mismos.

Esta situación, añadió, tendrá una repercusión directa en la viabilidad de las propias empresas que se vean obligadas a renunciar a las obras ya adjudicadas para no asumir mayores pérdidas, informa la Diputación.