Los empleados públicos evaluarán la calidad de los servicios que ofrece la Junta

En cumplimiento del compromiso de legislatura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de avanzar en una administración moderna e innovadora en sus actuaciones, y del derecho ciudadano a contar con una buena administración, la Consejería de la Presidencia pone en marcha, como medida innovadora, la medición del grado de la calidad de los servicios que se prestan directamente a los ciudadanos en todos y cada uno de los servicios territoriales y unidades asimiladas de las delegaciones territoriales, como ha explicado en su presentación en Burgos Luis Miguel Gonzalez Gago.

"Una de las señas de identidad de la Junta de Castilla y León es su preocupación por las personas, y trabajamos cada día para avanzar hacia una administración prestadora de servicios de auténtica calidad a sus ciudadanos, que se adapte al máximo a cada necesidad particular", ha asegurado el titular de la Consejería de la Presidencia.

González Gago ha presentado la nueva medida que su departamento pondrá en marcha para avanzar en un servicio público de calidad, en mejora constante, y siempre orientado a las necesidades del ciudadano. Lo ha hecho en una reunión que ha presidido junto al delegado territorial en Burgos, Roberto Saiz Alonso, y a la que han asistido los máximos responsables de los distintos servicios territoriales y unidades asimiladas, en la conocida como Comisión Territorial de Coordinación de esta provincia, cuyo objetivo ha sido el de coordinar el nuevo proceso de autoevaluación de la calidad.

La autoevaluación consiste en la valoración, por parte de los empleados públicos, del funcionamiento de su propio centro de trabajo, tanto a nivel interno o de gestión, como a nivel externo o de cara al servicio que prestan a los ciudadanos. Esta nueva iniciativa parte de la premisa de que son los propios empleados públicos los que mejor conocen la Administración, su organización interna, y sus procedimientos y formas de gestión, de tal forma que su conocimiento es un valor que no se puede desaprovechar.

La medición se realizará en base a un modelo internacional acreditado de evaluación de la calidad, propuesto por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad y conocido con las siglas EFQM, con una labor previa de adecuación a la administración pública. En 2025, esta medida de mejora de calidad de los servicios públicos se llevará a cabo en seis de las nueve delegaciones territoriales, y en 2026 se realizará en las tres restantes. Gracias a este sistema, la Consejería de la Presidencia avanza en el cumplimiento de la Ley de 2010 de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Castilla y León, que explícitamente prevé la realización de autoevaluaciones de calidad, con la participación de un gran número de empleados públicos. También cumple con el Plan Anual de Actuaciones en materia de calidad e innovación de los servicios públicos aprobado para este 2025, que incluye, como novedad, dichas autoevaluaciones.

En definitiva, la autoevaluación de la calidad permitirá realizar un análisis objetivo, riguroso y estructurado de la actividad y de los resultados que está obteniendo la Junta, y, con ello, permitirá elaborar un diagnóstico de su situación, y posibilitará su comparación con otras administraciones similares.

Proceso de la autoevaluación

En cada uno de los servicios territoriales que la Junta de Castilla y León tiene en cada provincia, se constituirá un equipo de evaluación, en representación de los diferentes grupos y categorías de empleados públicos, con el objetivo de obtener una visión lo más global posible de la prestación de servicios. Estos Servicios Territoriales incluyen, entre muchos otros, las gerencias provinciales de Empleo o de Servicios Sociales, las direcciones provinciales de Educación, las Oficinas Territoriales de Trabajo, y cualquier otro órgano provincial adscrito a las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León.

El número de efectivos que conformará cada equipo de autoevaluación será de entre 8 y 20 personas, en función del tamaño del órgano territorial. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Burgos, realizarán las autoevaluaciones más de 150 empleados públicos, sumando los diferentes servicios. Tras conformarse los equipos, se impartirá una formación a medida impartida por la Consejería de la Presidencia, para que conozcan la herramienta electrónica que deben utilizar y la metodología a seguir durante todo el proceso.

Posteriormente, estos empleados públicos realizarán el cuestionario a través de esta herramienta electrónica, de forma individual y anónima, lo cual garantiza la libertad total para expresar su punto de vista, y permitirá recabar resultados mucho más fiables. El cuestionario será especialmente detallado: constará de 166 preguntas, que se valorarán del 0 al 10, y que se referirán a todos los aspectos de la gestión pública. Es decir, se valorará la actuación de los responsables del órgano administrativo, el aprovechamiento de los recursos humanos, la eficacia en la prestación de servicios, la eficiencia en el uso de los recursos públicos, o la percepción que les traslada la ciudadanía sobre su trabajo.

Los cuestionarios serán procesados y analizados por la Consejería de la Presidencia, pregunta por pregunta, para obtener, con un alto grado de profundidad, una visión sobre cada uno de los aspectos objeto de evaluación. De esta forma, se reconocerán las distintas fortalezas, o cosas que se están haciendo bien, y también las debilidades, oportunidades o amenazas, sobre las que se trasladarán propuestas de mejora realizables y muy concretas, que redundarán en el mejor funcionamiento general del órgano territorial, y, como objetivo principal, en el nivel de calidad del servicio prestado al ciudadano.

De forma paralela, en las oficinas de información y registro se realizarán encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio público, cuyos resultados también se integrarán en el informe final de la autoevaluación. En total, se prevé que el proceso hasta tener los resultados se extienda durante un máximo de tres meses en cada una de las delegaciones.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha mostrado su confianza con la implantación de este modelo de autoevaluación, y ha agradecido a los empleados públicos su interés manifiesto por ir mejorando día a día los servicios prestados a través de iniciativas como la que hoy se presenta: "Desde la Junta de Castilla y León seguiremos trabajando para que el esfuerzo de los empleados públicos se traduzca en medidas concisas que optimicen nuestro funcionamiento, refuercen la confianza de la ciudadanía, y garanticen una administración más eficaz, eficiente, cercana y transparente".