Cuando la concejala socialista María García se levantó y se fue del pleno municipal del pasado 7 de marzo, evidenció que la moción que, en ese momento, estaba siendo debatida por la Corporación del Ayuntamiento de Salamanca tenía algunas implicaciones fuera de lo común. Insinuaciones veladas de racismo entre ediles y vecinos, miedo al incremento de la inseguridad en un barrio periférico de la ciudad y, sobre todo, incertidumbre ante una posibilidad, la del desembarco de un número indeterminado de inmigrantes en Puente Ladrillo que, tras un mes de tira y afloja entre instituciones, sigue sin estar del todo clara.

Una declaración responsable registrada el 27 de diciembre en el Ayuntamiento por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones fue el preludio del inicio el 13 de enero de las obras de adecuación de un edificio que, bajo tutela de la Junta, albergó durante años en el barrio la residencia de mayores San Juan de Sahagún. La llegada de las máquinas disparó los rumores entre algunos vecinos que, a golpe de WhatsApp, convocaron una reunión el 12 de febrero que acabó por desbordar las previsiones. "Creíamos que íbamos a ser unas 30 personas. Había solicitado un aula para 60 y, al final, nos tuvimos que ir a la pista de fútbol sala porque éramos 200", relata a Ical el portavoz de la nueva plataforma de vecinos surgida en Puente Ladrillo, José David Sanz.

Carteles en el barrio. (Foto: Ical)

De aquel caldo de cultivo, y de un grupo de mensajería instantánea con más de 300 personas, nació un movimiento ciudadano de oposición al centro. ‘Se vende el barrio’, se puede leer a día de hoy en algunas ventanas. Tras avanzar en su constitución, esta corriente cristalizó esta semana en el registro de una nueva asociación vecinal, con CIF recién estrenado, para representar al barrio ante la supuesta "dejadez" de la organización de toda la vida, Puentelave, cuyo portavoz, Israel Cuño, no ve "ningún problema" en que se abra este centro con inmigrantes, por lo que, en consecuencia, nada tienen que hacer para evitarlo. "Entendemos que la clave de una sociedad sana es acompañar y acoger a las personas que, en muchos casos, no tienen sus necesidades cubiertas", señala a esta agencia.

Mientras, la plataforma encabezada por Sanz ha iniciado una recogida de firmas, con el ambicioso horizonte de reunir las 18.000 necesarias para poner en marcha una iniciativa popular legislativa en las Cortes de Castilla y León para que, en último término, la Junta inste al Gobierno a detener la apertura del centro. "Esto, más bien, es una técnica de presión ciudadana. No va a ir más allá, porque los partidos políticos siguen teniendo la sartén por el mango", reconoce este vecino, advirtiendo que, aún así, harán todo cuanto esté en su mano para conseguir su objetivo y, según recalca huyendo, en todo caso, de politizar la asociación a pesar de haber recibido ofertas. "No vamos a hacer el trabajo sucio a nadie".

Insinuaciones de racismo

Lo que está pasando en el pequeño barrio salmantino, en realidad, tiene que ver con un debate global, mucho más profundo, que atañe a las sociedades occidentales: los flujos migratorios. De hecho, el espectro sociopolítico en Europa y Estados Unidos experimenta un viraje sostenido hacia posturas más conservadoras que apuestan por un mayor control de la inmigración. El último pleno municipal, que acabó con la espantada de una concejala, supuso un representación micro de una cuestión macro, precisamente, al hilo de la apertura del centro. Se trata de una conversación política a gran escala, pero con implicaciones vecinales a pie de calle.

Traer a casi 500 personas con una cultura que choca frontalmente con la cultura europea es juntar fuego y gasolina. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. 

"Por mucho que nos tachen de xenófobos y racistas, no lo somos. No nos van a enseñar a convivir con multiculturalidad, porque ya lo hacemos. Pero no nos pueden imponer esto de manera sibilina, y por la puerta de atrás, porque creemos que va a desestabilizar y a crear un clima de inseguridad en el barrio. Nos compadecemos de estas personas, que seguramente lo pasen muy mal, pero las técnicas del Gobierno no son las adecuadas y creemos que hay mejores emplazamientos para ubicar este centro. Traer a casi 500 personas con una cultura que choca frontalmente con la cultura europea es juntar fuego y gasolina. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. La verdad es esa: la seguridad en sitios donde aparecen centros de esta naturaleza se ve afectada. Solo hay que ver internet y noticias", asegura Sanz.

No hay evidencia de que los conflictos se hayan visto incrementados en otros lugares

Una posición que, por supuesto, encuentra el contrapunto en Puntelave, aunque Cuño considera que, a nivel mediático, "se ha buscado una polarización que realmente no existe" en el seno de un barrio de 6.000 vecinos "con un ambiente tranquilo". "No hay evidencia de que los conflictos se hayan visto incrementados en otros lugares. Entendemos que haya gente con otra visión de las cosas, con cierta inquietud y miedo, pero creemos que esa desconfianza viene provocada por la falta de información. Que hayan decidido agruparse como plataforma nos parece estupendo, pero entendemos que la información hay que contrastarla", insinúa, confrontando el argumento de comparación.

"Evidentemente, nosotros no acusamos a nadie de ser o no racista. Pero yo, que estuve presente en la concentración, sí escuché comentarios racistas", afirmó. Por ejemplo, y en el día a día del barrio, desvela comentarios del tipo "ya te preocuparás cuando tu hija solo tenga para jugar a gente negra" o "esta gente ya está acostumbrada a vivir así, pero nosotros no", según relata a esta agencia. "Si hay personas que se congregaran para intentar que otras personas, por su condición racial o su color de piel, no vengan a un barrio, no sé cómo calificarlo. Desde luego, solidario no es. A mí me da que pensar", sospecha. Puentelave, no obstante, tiene previsto celebrar una mesa redonda con expertos para informar a los vecinos sobre las implicaciones del centro.

Arma arrojadiza

Así, la supuesta comparación es la madre del cordero en este asunto, a tenor por la exposición de motivos realizada por la concejala que elevó al pleno este asunto, la no adscrita María Carpio, ex de Vox, que enunció una retahíla de cifras sobre el presunto incremento de la inseguridad en ciudades con centros similares. Carpio, además, se defendió de las insinuaciones de racismo que tuvo que escuchar sacando a colación sus 14 años de proyectos de cooperación al desarrollo en África. Lo cierto es que nadie apoyó la moción, que se topó con el rechazo frontal del PSOE y también del PP, que, eso sí, afeó la "falta de transparencia" del Gobierno en este asunto. Ni si quiera tuvo el respaldo del único representante de Vox en el Consistorio, que se abstuvo.

En esencia, el PP, que a nivel municipal no se opone al centro y tampoco puede hacer nada para evitar su apertura, sí critica que el Gobierno aún no haya definido públicamente la naturaleza del mismo. En más de una ocasión, el delegado en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asegurado que su uso está por decidir, aunque el edificio está adscrito a Migraciones y es seguro que albergará a migrantes. Cuántos, no se sabe, aunque el presidente provincial ‘popular’, Carlos García Carbayo, a la sazón alcalde de la ciudad, recalcó que su capacidad máxima supera las 440 plazas. La normativa autonómica, sin embargo, impide que exceda las 120, según se apresuró a poner de manifiesto la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

El Ayuntamiento ha paralizado una parte de las obras de remodelación del edificio por un defecto en la solicitud de la licencia mientras los servicios jurídicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estudian la legislación castellana y leonesa para hallar la fórmula legal de incorporar el inmueble a su red de acogida, algo que está garantizado según confirmaron a Ical fuentes ministeriales. De paso, Migraciones acusa a la Junta, administración gestora de la residencia de mayores, de la "falta de mantenimiento" del recinto, agravada por los los años de desuso del mismo.

Por el momento, según el Ministerio, el edificio "no tiene definida su tipología", ni existen plazos concreto de apertura, mientras sigue acometiendo tareas de adecuación. Según el Gobierno, el Ayuntamiento de Salamanca ha sido "plenamente consciente" de las actuaciones desde que el 27 de diciembre presentara la primera declaración responsable para el inicio de una obras que arrancaron el 13 de enero, despertando el recelo entre los vecinos. "La política en materia de migraciones del Gobierno de España es clara. No podemos olvidar que estamos hablando de seres humanos en situaciones de vulnerabilidad y, en muchos casos, protegidos internacionalmente por su condición", zanjan.