El Gobierno aprueba este martes el decreto de modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias, una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa y, por tanto, existe una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso.

Según han confirmado a EFE fuentes de la negociación, una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa el Consejo de Ministros aprobará la reforma del artículo 35 de la ley.

Según han explicado las fuentes, el decreto supondrá una solución "real y permanente" a la situación de territorios frontera como Canarias, que tutela en la actualidad a 5.800 jóvenes, aunque la forma en que se llevarán a cabo estas derivaciones "se irá ajustando cada cierto tiempo a la situación real". Se trata de una medida "estructural, definitiva, reglada y obligatoria de acogida de niños en todas las comunidades", precisan las fuentes, que se irá adaptando en función de la presión migratoria del momento y la capacidad de acogida de las comunidades.

En los últimos años se han realizado algunos repartos puntuales desde zonas como Canarias y Ceuta acordados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, pero estos solo han alcanzado a pocos centenares de jóvenes y, además, no se han llegado a materializar completamente.

Plazos 

Las comunidades autónomas tendrán algo más de un mes para informar al Gobierno de sus datos de menores acogidos para que el Ejecutivo pueda hacer los cálculos de cuántos niños y jóvenes migrantes no acompañados son reubicados desde zonas tensionadas como Canarias hacia estas autonomías.

Fuentes de la negociación han precisado que los criterios para la reubicación de los menores serán prácticamente los mismos que los aprobados en 2022 en una sectorial con las comunidades: población, renta per cápita, desempleo, esfuerzo realizado en la acogida y dispersión de la población.

Junts, por su parte, ha facilitado una versión ajustada únicamente a lo que atañe a Cataluña. Según dicho partido, el reparto de menores entre comunidades se llevará a cabo "teniendo en cuenta el peso poblacional, pero también el esfuerzo hecho por Cataluña a lo largo de los últimos años". En un comunicado, especifica que el reparto se llevará a cabo entre aquellas comunidades autónomas "que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo muy menor en comparación al esfuerzo que ha realizado Cataluña".

"Esto quiere decir que, del total de menores que habrá que distribuir por el conjunto de la península (unos 4.000), a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700", agrega el escrito.

Este acuerdo también prevé "una compensación económica adecuada" para aquellas comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales para estos menores, como es el caso de Cataluña.

El PP se niega sin financiación del Gobierno

Por su parte, desde el Partido Popular han resaltado que todas las comunidades gobernadas por ellos se negarán a acoger a menores inmigrantes "si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías", así como si el Gobierno no pone medios ni financia su acogida, han informado fuentes de Génova.

Las mismas fuentes han acusado al Ejecutivo de "pasar de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad" y han subrayado que los menores inmigrantes son personas a atender "no paquetes a recepcionar". De la misma manera, han asegurado que el pacto en la Comunidad Valenciana con Vox no es racista en materia de inmigración y es consecuente con la postura del PP "suscrita por Alberto Núñez Feijóo y por el presidente canario, Fernando Clavijo".