El Consejo de Ministros ha aprobado la regularización de los migrantes irregulares que se encontraban o trabajaban en la zona afectada por la catástrofe de la dana tras la propuesta presentada el 3 de diciembre por la Clínica Jurídica de la Universidad de Salamanca en colaboración con la Clínica Jurídica de la Universidad de Oviedo, según han informado desde la USAL.

Las medidas aprobadas incluyen, entre otras, la prórroga o renovación automática, previa solicitud, de las autorizaciones temporales de residencia y trabajo y la autorizaciones de estancia que caduquen entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025; aquellas autorizaciones vinculadas al alta en la Seguridad Social, serán efectivas desde su resolución por la Oficina de Extranjería, aunque el empleador no haya podido formalizar el alta debido a la dana.

La petición fue elaborada por Lidia Enrique Fernández, Gema Hortigüela Chicote, Nerea López Vergara, Patricia Mariño Gonçalves y Sara Moreira Hernández, todas ellas alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. El trabajo fue coordinado por las profesoras Antonia Durán Ayago, profesora titular de Universidad de Derecho Privado, y Nuria del Álamo Gómez, profesora contratada doctora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, además de investigadora titular del Instituto de Iberoamérica.

Este texto se enmarcaba en una acción conjunta con la Clínica Jurídica de la Universidad de Oviedo y formaba parte del proyecto de Guía para afectados de la DANA realizado por la Red Española de Clínicas Jurídicas. Esta publicación tiene como objetivo acompañar a las personas afectadas por la dana en los trámites jurídicos que deben llevar a cabo, haciéndoselos más comprensibles y accesibles.