Las agresiones a funcionarios de prisiones en la cárceles de Castilla y León continúan subiendo y el pasado año se alcanzó la cifra récord de 57, un 26,6 por ciento más que en 2022, de las que treinta terminaron con lesiones de los trabajadores. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, donde se contabilizaron 511 incidentes, lo que supone una subida del 10,6 por ciento.

La prisión de La Moraleja, en Dueñas (Palencia), es el centro penitenciario con una mayor conflictividad en Castilla y León al contabilizar 20 agresiones, por delante de la cárcel de Mansilla de las Mulas (León), donde se contabilizaron diez, una más que en Topas, con nueve.

Para el responsable de Instituciones Penitenciaras del sindicato CSIF en Castilla y León, Francisco Herrero, trabajador de Topas, la principal razón de este incremento de la agresiones es el intento por "humanizar" las cárceles y el "buenismo" que se está instalando en las relaciones entre funcionarios y reos, así como la imposición de sanciones más laxas a los internos que incumplen el régimen disciplinario.

En este sentido, Herrero argumenta que para "reconducir" la situación, para que los trabajadores dejen de convertirse en "víctimas" y para que las cifras de agresiones desciendan a un nivel "razonable", es necesario recuperar el "orden y el control" en la prisiones, algo que pasa por dotar al funcionario de las herramientas adecuadas y por recuperar la autoridad que ha venido perdiendo. "Dentro de ese clima de buenismo que se ha instalado, parece que se le quiere facilitar la vida al reo para enfrentarle contra el funcionario", denunció.

Cambio legislativo

El responsable de CSIF también demanda un cambio legislativo para que los funcionarios tenga la consideración de agentes de la autoridad, además como un refuerzo en las plantillas. Aunque Herrero reconoce que en los últimos años se está recuperando el déficit en las relaciones de puestos de trabajo, aun se está lejos de alcanzar una ratio aceptable. En el caso de Castilla y León el sindicato cifra en 700 las plazas sin cubrir.

Por último, cabe recordar que el pasado mes abril el Partido Popular utilizó su mayoría absoluta en el Senado para asegurar que se tome en consideración la proposición de ley que dota a los funcionarios de prisiones de la consideración de agentes de autoridad, propuesta que fue apoyada por todas las formaciones menos EH Bildu.