El informe sobre abusos sexuales en la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo recoge hasta 83 localizaciones de abusos en al ámbito de la iglesia católica en Castilla y León, que incluye congregaciones, centros educativos, parroquias e incluso domicilios particulares, publica EFE. 

Los datos proceden de personas entrevistadas por la Unidad de Atención a Víctimas, respuestas recibidas de los obispados, arzobispados y superiores de instituciones de vida consagrada y los cuatro dosieres entregados por el periódico El País.

El listado incluye todos los casos reportados, sin descartar ninguna alegación, siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados o resueltos; y una localización no supone un sólo agresor ni una única víctima.

Entre las 19 de Salamanca y las 2 de Soria

Por provincias, y según los datos del informe del Defensor recogidos por EFE, en Ávila figuran tres localizaciones, una en la capital y dos en Arévalo; en Burgos doce, siete en la capital y sendas en Aranda, Iglesias, Santa Gadea del Cid y dos pueblos sin concretar del sur y norte de la provincia.

En León son catorce las localizaciones de abusos, ocho en la capital y sendas en Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Palacios de Valduerna, Carrizo de la Ribera y Villarejo de Órbigo.

En Palencia son siete, cuatro en la capital y sendas en Fromista, Venta de Baños y Carrión; en Salamanca 19, con 14 en la capital y sendas en Alba, Peñaranda, Guijuelo, Ciudad Rodrigo y Sequeros; tres en la capital segoviana y dos en Soria, en las localidades de Arcos de Jalón y el Royo.

Completan las localizaciones las catorce de Valladolid, doce en la capital y sendas en Peñafiel y Villanubla; y las nueve de Zamora, cuatro en la capital, dos en Puebla de Sanabria, otras dos en Toro y otra en Vigo de Sanabria.

El informe del Defensor del Pueblo reúne los testimonios de 487 víctimas, y recoge los resultados de una encuesta en la que el 1,13% de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6% por parte de un sacerdote o religioso.

El Defensor, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el resultado de la investigación que la Cámara le encargó hace año y medio, y se ha negado a extrapolar cifras de un abuso que según la citada encuesta han podido sufrir más de 445.000 personas en el ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes.

El documento de 777 páginas titulado 'Una respuesta necesaria' no cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos, y se limita a recoger los datos de esta encuesta a 8.013 personas mayores de edad que revela que un 11,7% de los españoles ha sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años.

Según este trabajo, el 84% de las víctimas entrevistadas por la institución fueron hombres, como la gran mayoría de sus agresores. Solo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico.

El Defensor critica a la Iglesia por negar y minimizar el problema

El Defensor critica la respuesta de la Iglesia y lamenta que ésta ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por la negación o la minimización del problema.

"Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos", ha censurado.

En rueda de prensa, Gabilondo ha calificado de "insuficiente y dilatoria" la respuesta de la Iglesia a las víctimas y ha criticado conductas habituales como el traslado de personas abusadora a otras parroquias, centros docentes o incluso países.

En cuanto a la participación de la Iglesia en esta investigación, Gabilondo ha explicado que se ha intentado contactar con todos los obispos, pero no todos han contestado. "Algún obispo nos ha reñido", ha dicho, pero también ha habido otros "que lo han hecho bien".

"Mentiría si dijera que aquí nadie ha colaborado y mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria", ha indicado Gabilondo que ha añadido: "la Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería no colaborar con esta sociedad que quiere saber".

Las críticas del Defensor no se limitan al ámbito eclesial, también denuncia que los poderes públicos carecieron de procedimientos para prevenir, detectar y reaccionar frente a los abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia y sólo a partir de 2021 se introdujeron mecanismos de prevención y detección.

Y lamenta también que la mayoría de casos que han llegado a ser denunciados no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

Fondo para indemnizar a las víctimas

El informe incluye una serie de recomendaciones, como la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas.

"Me parece imprescindible que la Iglesia participe activamente y sea una parte fundamental del fondo estatal", ha dicho Gabilondo a este respecto y ha añadido que "la Iglesia, a estas alturas, debe ser consciente de esto".

También considera que esta institución debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran.

Y solicita que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

Otra de las propuestas es la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas "por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad", en particular entre 1970 y 2020.

Impacto devastador en las víctimas

En cuanto a los testimonios recogidos, que en palabras de Gabilondo "revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en su vida", se trata de entrevistas a 487 víctimas, realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital.

El informe destaca cómo las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Un tercio de ellas afirman haber tenido síntomas de estrés postraumático y algunas han experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.

Para la elaboración de este informe, el Defensor ha mantenido más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, con el decano del Tribunal de la Rota, con representantes de institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.

Gabilondo ha explicado que el próximo 2 de noviembre entregará el informe al Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y ha advertido de que "ahora es el momento del Congreso de los Diputados, de la Iglesia y del Gobierno, que con este informe tienen datos suficientes para adoptar medidas concretas que den a las víctimas lo que necesitan".

"Yo confío en que la iglesia católica esté a la altura del desafío que se le presenta y de la ocasión que se le brinda para abordar este asunto en toda su radicalidad. Si no, se equivocará", ha concluido el Defensor.