La Diócesis de Salamanca ya tiene nuevo protocolo de protección de menores y adultos vulnerables. El documento fue promulgado por el obispo, José Luis Retana, el pasado 30 de marzo y tiene una validez de tres años, aunque está abierto a ser "revisado y actualizado cuando la normativa jurídica canónica y/o estatal lo requiera". El protocolo será entregado a las parroquias, delegaciones y servicios diocesanos, así como a las actividades pastorales que impliquen el trato con menores o adultos vulnerables, para su cumplimiento. El documento al completo, en este enlace.

El documento fue elaborado por la Oficina diocesana de Protección de Menores de acuerdo a las líneas maestras establecidas por el Vaticano y se inspira en el Protocolo marco de prevención y actuación en caso de abusos a menores, aprobado en la Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española el pasado 25 de noviembre de 2022.

En cuanto a las normas concretas del protocolo, incluye una decena de obligaciones y prohibiciones, procedimientos en caso de abuso, procesos canónicos y actos de justicia restaurativa.

Obligaciones y prohibiciones

Son el eje del documento, los '10 mandamientos' del protocolo.

En cuanto a las obligaciones, habrá que pedir "a quien vaya a ser contratado (profesores, monitores, entrenadores, personal auxiliar, de mantenimiento, etc.) un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales". Además, cualquier persona vinculada a la Diócesis que pueda tener contacto con menores de edad, "ya sea religioso o seglar" tendrá que firmar un documento de responsabilidad personal en el que plasme su rechazo a los abusos, que conoce la doctrina eclesial al respecto, las implicaciones penales de los abusos, etc.

Los empleados de la Diócesis se comprometerán a participar en talleres y cursos de formación sobre abusos y consecuencias. La Diócesis, por su parte, informará de la existencia del protocolo en el momento de la selección de personal y promoverá la "labor de concienciación sobre la maldad de los abusos sexuales, que debe abarcar todos los ámbitos de la Diócesis".

Los vetos también son tajantes: "prohibido mantener encuentros presenciales o comunicaciones con los menores (mediante correo electrónico, teléfono móvil, o plataformas sociales ajenas a las oficiales de la Diócesis) fuera del contexto educativo o pastoral". También exigen respetar "en todo momento" la integridad física del menor "permitiéndole rechazar cualquier muestra de afecto incluso bienintencionada. Dichas muestras físicas de afecto han de hacerse en contacto con zonas seguras: hombros, cabeza, brazos, etc. No se abrazará a la fuerza y no se tocarán jamás las zonas íntimas o erógenas (muslos, nalgas, senos, genitales)".

Catedral de Salamanca.

Además "se debe evitar quedarse a solas con un menor sin causa absolutamente justificada. Si por motivos concretos hay que hablar en privado con un menor se deberá hacer en un lugar visible para los demás. Se dejará la puerta abierta cuando se habla a solas con un menor en cualquier despacho o dependencia interior. Además, se comunicará a los padres si se ha estado a solas con el menor".

En caso de programar cualquier actividad con menores de edad o personas vulnerables (convivencias, excursiones, campamentos, etc.) que impliquen pernoctas, "es imprescindible contar en todos los casos con la autorización expresa de los padres del menor. A su vez, debe asegurarse un número suficiente de acompañantes y diferenciación del alojamiento de los menores por sexo. Nunca un adulto debe compartir habitaciones con los menores. Resulta siempre oportuno invitar a tales actividades a algunos padres".

Finalmente "se evitará realizar tomas de imágenes de menores, y si se llevan a cabo dentro del desarrollo de la actividad pastoral o educativa se realizará, a ser posible, con dispositivos propios de la entidad, debiendo informar a los padres de la toma de dichas imágenes, así como de la finalidad para la que son tomadas, debiendo obtener su consentimiento para su tratamiento conforme a esta información".

Procedimiento en caso de abuso

El protocolo se activará "siempre que se tengan sospechas fundamentadas o noticia verosímil de un posible caso de abuso" dentro de la iglesia. El documento "se rige por los principios básicos de protección, tanto de la integridad física, como psíquica (evitando la doble victimización) y moral, así como de su identidad; información a los padres o tutores legales y movilización y ofrecimiento de los recursos necesarios para su asesoramiento, atención y acompañamiento en el proceso judicial y personal, tanto a la víctima como a su familia".

La pauta general es garantizar el interés del menor, ofrecer toda la ayuda posible, trabajar por la reparación de cada persona involucrada, preservarles de cualquier intimidación o represalia y proteger su esfera privada, entre otras. La iglesia, según este documento, admite como objetivo propio "denunciar el comportamiento criminal como inaceptable".

El archivo también tiene una parte canónica que prevé la posible apertura de una investigación a cargo de un sacerdote, que se ayudará con otros miembros de la curia y de expertos en materias jurídicas y psicológico-psiquiátricas "pudiendo, además, nombrar a una persona que ayude a la persona que denuncia y a sus familiares para garantizar su acompañamiento". Este proceso canónico está supeditado a la jurisdicción nacional. El protocolo advierte de que "siempre que se reciba denuncia de un delito de esta naturaleza que no haya prescrito en el foro civil, se informará de inmediato al Ministerio Fiscal del Estado y se colaborará con las autoridades civiles. La supresión del Secreto Pontificio facilita esta colaboración leal entre ambas jurisdicciones estatal y canónica". En otras palabras, las decaraciones de los presuntos abusadores no estarán protegidas por ningún secreto religioso.

Derechos de los investigados

En cuando a los investigados, "ha de garantizar la presunción de inocencia siempre, protegiendo la reputación del investigado. A menos que existan razones serias para lo contrario, el investigado debe ser informado con prontitud de los cargos que se le imputan para poder defenderse contra ellos". También se pondrán a su disposición "consultores civiles y canónicos", así como "asistencia espiritual y psicológica".

Cuando haya motivos para creer que los delitos pueden repetirse, "se impondrán sin demora las medidas cautelares oportunas, ya desde la fase de investigación previa cuando hay víctimas menores o personas que habitualmente tiene uso imperfecto de la razón o a las que el Derecho reconoce igual tutela".

Toda la información del caso se remitirá al Tribunal de la Sección 2ª del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que dará las instrucciones a seguir durante todo el desarrollo del proceso. Una vez concluido el proceso de investigación previa, el Tribunal de la Sección 2ª del DDF "determinará si el proceso debe ser sustanciado mediante Proceso Judicial o mediante Proceso Administrativo Penal".