Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y las empresas del servicio de ayuda a domicilio que operan en Castilla y León han acordado un incremento acumulado total del 20,5% en el importe de los salarios, repartido en cuatro años, para los en torno a 5.600 trabajadores que realizan este servicio en la Comunidad.

Así lo revelaron hoy, en declaraciones recogidas por Ical, los representantes sindicales de UGT y CCOO en la negociación. En concreto, y como apuntó la secretaria general del Hábitat de CCOO en Castilla y León, Lourdes Herreros, el acuerdo supone dotar de "garantía y estabilidad" a estos trabajadores durante cuatro años, con un incremento "directo" en las tablas del 17,5% al que se une otro tres por ciento relativo al precio por kilometraje en los desplazamientos.

Se trata del quinto convenio en la Comunidad sobre esta materia aunque, como señaló Herreros, por primera vez se alcanza el acuerdo "antes de la finalización de vigencia del actual", y afecta "fundamentalmente" a las auxiliares que prestan el servicio público de ayuda a domicilio, pero desde el 1 de enero de 2023 incluirá también a los trabajadores que presten el servicio de manera privada.

A su vez, la secretaria del ámbito Sociosanitario y de Atención a la Dependencia de UGT-Servicios Públicos en Castilla y León, Pilar Gutiérrez, apuntó que además de la subida salarial "favorable a todas las trabajadoras" y las mejoras en desplazamiento y kilometraje, el convenio incluye "mejoras sustanciales" en el articulado en relación a permisos retribuidos y vacaciones, un plus de herramientas y otro para los coordinadores, dando "seguridad y estabilidad durante cuatro años a los 5.600 trabajadores del servicio de ayuda a domicilio de Castilla y León".

No obstante, la rueda de prensa también sirvió a ambas organizaciones sindicales para poner de manifiesto el "principal problema" del sector, referente al aumento de la prestación de servicios por parte de empresas privadas sin mediar contratación por parte del ámbito público, lo que supone "una contradicción respecto al acuerdo del Diálogo Social en materia de dependencia", alcanzado hace año y medio con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta.

Y es que, como apuntó Lourdes Herreros, "a través del Diálogo Social" y de los 24 contratos establecidos entre las administraciones públicas y las empresas que realizan estos servicios, los sindicatos pueden llevar "un control de estas trabajadoras" y del cumplimiento del convenio con ellas, pero "sobre la prestación privada pura y dura no tenemos control".

Una prestación privada que entienden aumentada por la disminución de los usuarios dados de alta en el servicio de ayuda a domicilio de las distintas administraciones públicas de Castilla y León, situados actualmente en 21.485, 3.400 menos con respecto a 2019, mientras las auxiliares en el ámbito privado aumentan y ascienden al entorno de las 1.200 "que no están reguladas ni acogidas a ningún convenio".

Por ello, ambos sindicatos defienden el incremento logrado "pero a través del sistema público" ya que "lo demás es desrregularización y devaluación del servicio", según apuntó el secretario general de UGT-Servicios Públicos en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, que pidió por ello a la Junta una mayor vigilancia sobre este aumento como administración responsable de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, aunque "luego lo delegue en las administraciones locales".

"No puede dar el dinero y mirar para otro lado", reclamó Urueña a la Administración autonómica, con cuyos representantes los sindicatos mantuvieron una reunión el miércoles para lograr una elaboración de pliegos común de cara a que las administraciones locales (diputaciones y ayuntamientos con población superior a los 20.000 habitantes) y una "mayor participación e implicación" de la Junta para que los 24 conciertos existentes "se concentren en un máximo de seis meses de diferencia" entre ellos para "facilitar la negociación" colectiva.

Estos 24 conciertos en Castilla y León, según revelaron desde CCOO y UGT, se suelen repartir entre ocho empresas de ámbito nacional, a las que se les exige respetar el convenio vigente, lo que supone "un muro de contención" frente a las empresas "que van a la baja" en las licitaciones y que suelen conllevar "recortes a los trabajadores a la larga".