Los regantes de la Comunidad de Regantes del canal de Villagonzalo, que afecta a municipios como Machacón, Francos, Villagonzalo de Tormes y los representantes de las urbanizaciones de Santa Marta y Carbajosa como Valdelagua, Aldebarán, Villas de Valdelagua y Átyka se han puesto en pie de guerra contra la Confederación Hidrográfica del Duero por un conflicto con el agua de riego y la amenaza de posibles sanciones. De esta forma, el Ayuntamiento de Santa Marta ha acogido este miércoles una reunión entre los regantes afectados, las comunidades de propietarios de las urbanizaciones y los ayuntamientos de Santa Marta y Carbajosa para estudiar posibles medidas.

El conflicto comenzó el pasado 19 de marzo, cuando se produjo la reunión de la junta de explotación de las zonas regables en Salamanca, en la que la CHD comunicó a los regantes del canal de Villagonzalo que aquellas zonas que estaban fuera de la zona regable no podían utilizar el agua para regar y que anticipaban la posible interposición de sanciones a la comunidad de regantes y a los usuarios. Así, la CHD anulaba todas las concesiones extraordinarias de fuera de zona.

Se trata de una situación que afecta a un total de 193 hectáreas de Villagonzalo, Machacón, Calvarrasa de Abajo, Pelabravo, Santa Marta y Carbajosa y a cientos de personas, tanto agricultores como propietarios de las urbanizaciones de cola del canal. En este sentido, tanto los alcaldes de Santa Marta y Carbajosa, David Mingo y Pedro Samuel Martín, como el presidente de la comunidad de regantes, Manuel Aires, se han mostrado preocupados y desconcertados por la situación con la CHD, ya que "las urbanizaciones riegan con agua sobrante y los agricultores llevan toda la vida con la concesión año a año para regar terreno agrícola", han explicado.

En este sentido, han destacado que hay "muchas hectáreas y usuarios afectados, que en muchos casos desde hace 50 años, aún estando fuera de la zona regable, llevan haciendo uso del riego, presentando solicitudes cada año y pagando el canon correspondiente". "No entendemos por qué en este momento se produce esta situación y se traslada ahora esta intranquilidad, por lo que exigimos a la CHD y al Gobierno de España que aporten claridad a esta situación, que ha generado tanta intranquilidad a tantas personas", ha asegurado David Mingo.

En el caso de las urbanizaciones, han explicado, los propietarios riegan con el agua sobrante de la campaña de riego. "Es agua final que termina en el arroyo Requesenes, agua que existe y agua que sólo se dispone en el que caso de que exista, no queremos quitar agua de nadie sino que se mantenga lo que desde hace 40 años de manera consciente y cobrando por ello la CHD ha mantenido", ha aseverado Mingo.

Por su parte, los agricultores afectados son regantes que cada año han solicitado la concesión para poder utilizar el agua para el riego de sus parcelas agrícolas, aún estando fuera de la zona regable del canal. "Son regantes que han invertido grandes cantidades de dinero en sus explotaciones y en sus cultivos y ahora se ven en una intranquilidad en la que se habla de interposición de denuncias millonarias". En este sentido, han recordado una sanción similar interpuesta hace dos años en la comunidad de regantes de Florida de Liébana que alcanzó los 180.000 euros.

"Vamos a intentar que se pueda regar de manera inmediata, que no exista ninguna sanción por algo que ahora es un derecho histórico que parece que no sirve de nada, y buscar una solución definitiva porque se han planteado soluciones por la propia CHD que ahora parecen no valer", ha asegurado Mingo.

Igual de contundente se ha mostrado el presidente de los regantes, Manuel Aires, que ha asegurado que "nos parece que no está bien hecho porque no se está haciendo un consumo extraordinario de agua; una parte llega con agua sobrante, si llega riegan y si no no riegan y la parte de los agricultores lo ha hecho con las concesiones año a año". Así, Aires ha recordado que la comunidad de regantes se modernizó hace once años y ha reducido su consumo a la mitad. "Teníamos una concesión de 40 hectómetros anuales de riego y ahora solo consumimos 20; no entendemos esta postura por utilizar agua sobrante y más en un año en que no hay problema de agua", ha explicado, y ha añadido que "la zona regable tenía casi 5.200 hectáreas y con el terreno que se ha perdido en Santa Marta y Carbajosa, que antes eran zonas regables y ahora son urbanas, se han perdido más de 500 hectáreas y con todo lo que se pretende ampliar no llega a eso". Así, con esta medida de prohibir el riego a estos usuarios todas las urbanizaciones afectadas tendrían que regar con agua de boca y "en qué sentido cabe que se tenga que depurar el agua que después se va a utilizar para regar los jardines", ha concluido Aires.