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La posibilidad de que el Gobierno abra un centro de acogida de inmigrantes en las antiguas instalaciones de la residencia San Juan de Sahagún ha soliviantado al barrio de Puente Ladrillo. El edificio en cuestión está en la carretera de Aldealengua, a tiro de piedra del parque de Ciudad Rodrigo y del instituto Fernando de Rojas.
Así, y pese a lo apresurado de una reunión convocada prácticamente de un día para otro, en torno a dos centenares de vecinos se han congregado en las pistas deportivas del barrio (la sala del centro municipal integrado se quedaba muy pequeña) para decidir qué hacer y cómo canalizar su descontento. El mensaje que corría de boca en boca de los presentes era el mismo: "queremos que se nos escuche".
El encuentro ha estado convocado por la Plataforma Vecinal de Puente Ladrillo, un grupo de vecinos "con preocupaciones e inquietudes" sobre el barrio, especialmente en lo tocante a seguridad, según rezaba la convocatoria de la reunión.
Durante su intervención, los representantes de la plataforma han explicado que Puente Ladrillo "es uno de los barrios con menos servicios" de la ciudad porque "no hay centro de salud, la iluminación es muy mejorable... no tenemos ni cajero. Hay problemas de seguridad y escasa presencia policial", han enumerado.
Dado que se han declarado "cansados de promesas y palabrerías" y que consideran que "nadie nos representa", han decidido que "nos representaremos nosotros".
La plataforma lanzará una campaña de recogida de firmas presenciales y en internet para presentar una iniciativa legislativa popular en las Cortes regionales y que éstas tomen parte en esta cuestión, aunque cabe recordar que el centro de inmigrantes depende en última instancia del Gobierno central.
Igualmente, anuncian que, en paralelo a la recogida de firmas, van a "hacer ruido" con protestas presenciales y sin descartar manifestaciones, cortes de calles o concentraciones frente a las administraciones públicas (algunas voces pedían salir a la calle este mismo fin de semana). En resumen, "movilizarnos para que se vea el descontento" y "apuntar a lo más alto para ver hasta dónde llegamos" en su afán por dotar al barrio con más servicios públicos y sobre todo incrementar la seguridad. Y avisan: "cuanto más ruido hagamos, mejor".
La agrupación vecinal, finalmente, insiste en que son apolíticos y que rechazan cualquier acusación de racismo o xenofobia. "Sólo queremos manifestar nuestro desacuerdo y malestar con la situación. Queremos vivir con tranquilidad".
La subdelegación del Gobierno en Salamanca explica que el centro, de titularidad estatal, "ha pasado a la secretaría de estado de Migraciones" y que este organismo "está analizando y adecuando el edificio para decidir qué uso darle".
Respecto al Ayuntamiento, su postura es muy crítica. "Nos parece absolutamente desleal que el Gobierno de España, bien sea a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o de la Delegación del Gobierno en Castilla y León o la Subdelegación en Salamanca no haya informado al Consistorio de este proyecto. Es lo mínimo que se le puede pedir a una institución que desea poner en marcha un centro de cualquier tipo en la ciudad".
También cargan contra "la opacidad y la ausencia de información" ya que la "presencia de casi 450 personas en el barrio de Puente Ladrillo obliga a que la zona esté dotada de unos servicios extra para darles una cobertura adecuada. Por eso resulta aún más irresponsable que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, encargados de proporcionar esos servicios, no hayan sido informados del proyecto y que no se haya producido una reunión previa para conocer la opinión de estas dos instituciones sobre la conveniencia o no de esa ubicación". El Consistorio concluye asegurando que el Gobierno ha aprobado "una inversión que no ha sido solicitada por los vecinos de Salamanca y que ha generado inquietud en vecinos del barrio donde se ubicará".