La Comisión de Transparencia le obliga a facilitar las actas de dos plenos, el expediente sancionador por infracción urbanística a la minera y documentos bancarios
La Comisión de Transparencia de la Junta de Castilla y León ha reprendido, mediante tres resoluciones cursadas a través del Procurador del Común, al Ayuntamiento de Retortillo por "ocultar información pública y denegarla, posteriormente, a la ciudadanía", en relación con documentación acerca del proyecto de Berkeley Minera en este municipio.
En concreto, una de las resoluciones publicadas por el Procurador del Común se refiere a la solicitud, en tiempo y forma, de una copia de las actas de las sesiones celebradas por el pleno municipal entre el 9 de abril de 2022 y el 22 de noviembre de 2023.
La segunda de las resoluciones reclama los documentos obrantes en el expediente sancionador por infracción urbanística incoado a Berkeley Minera, así como el proceder del Ayuntamiento ante la comunicación del Defensor del Común sobre este tema el 5 de febrero de 2021, según informa Ical.
En último término, la tercera resolución hace referencia a la petición de este ciudadano sobre los movimientos bancarios, incluyendo pagos e ingresos, realizados por el Ayuntamiento de Retortillo desde junio de 2011 a la actualidad, así como los justificantes relacionados con Berkeley y sus actividades.
En su defensa ante la Comisión de Transparencia, el Ayuntamiento de Retortillo esgrime, entre otros argumentos, que el solicitante "no es vecino de esta localidad" y apunta que "se trata de una persona obsesionada con este municipio, que se dedica a saturar al Ayuntamiento e ir contra todo de manera sistemática" y a la que "se le ha dado muchas veces documentación y la pide varias veces".
En cualquier caso, la Comisión de Transparencia ha resuelto estimar la reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por dicho ciudadano ante el Ayuntamiento de Retortillo, al que conmina a facilitar los documentos al solicitante. Se trata de una resolución ejecutiva, que pone fin a la vía administrativa, y ante la que cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de León en un plazo de dos meses.
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