El panorama de Muface se despeja tras varios tira y afloja entre el Gobierno y las aseguradoras, después de que DKV Seguros haya decidido esta semana que no acudirá a la nueva licitación aprobada por el Ejecutivo central para la mutualidad de los funcionarios, por lo que se suma a la decisión de hace dos semanas de SegurCaixa Adeslas. Ante esta posición, solo Asisa apuesta por continuar con la prestación de la sanidad privada a los empleados públicos y sus familiares. En la actualidad, Asisa atiende a uno de cada cuatro asegurados de Muface de Castilla y León, en concreto 18.800 a fecha de diciembre de 2023, por lo que deberá absorber a los casi 58.000 beneficiarios que, hasta ahora, se repartían entre Adeslas y DKV.

La distribución de mutualista por entidad médica, publicada por Muface y consultada por la Agencia Ical, recoge que la Comunidad contaba en esa fecha un total de 110.136 usuarios, de los que 57.882 correspondían a los que atendían las tres compañías aseguradoras que prestaban el servicio por el vigente concierto (Adeslas, Asisa y DKV) mientras que otras 33.454 personas optaban por la sanidad pública, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El número de beneficiarios en Adeslas ascendía a 39.911 frente a los 18.800 de Asisa y los 17.971 de DKV Seguros. La aseguradora que, previsiblemente, se quedará en solitario con el nuevo concierto de la mutualidad, que tendrá una vigencia de tres años, ha prestado, hasta hora, la atención sanitaria al 24,5 por ciento de los funcionarios que opta por el sistema privado en Castilla y León. Eso sí, hay importantes diferencias entre las provincias, ya que la cobertura de Asisa en Soria alcanza el 69,2 por ciento de los mutualistas con seguro privado, seguida, de lejos, por el porcentaje de León (39,1 por ciento), Palencia (33,1 por ciento) y Segovia (32 por ciento). El resto está por debajo de la media autonómica como Zamora (26,2 por ciento) y Ávila (22,1 por ciento). La aseguradora deberá asumir un elevado número de nuevos mutualistas en Valladolid, donde en la actualidad solo cubre al 18,6 por ciento de los funcionarios con seguro privado; Burgos (11,3 por ciento) y Salamanca (nueve por ciento).

En cuanto a las cifras absolutas, Asisa deberá asumir, en el caso de que los funcionarios o jubilados y sus familiares continúen con la sanidad privada, a un total de 12.577 usuarios en la provincia vallisoletana, 10.892 en Ávila y 10.275 personas en Salamanca. A continuación, aparecen León (7.721), Burgos (5.644), Zamora (3.559), Segovia (3.134), Palencia (2.918) y Soria (1.162). Son los beneficiarios que en el último concierto han estado cubiertos por las aseguradoras Adeslas y DKV y que, con el nuevo contrato, al igual que el resto de los mutualistas deberá decidir si continúan en la sanidad privada u optan por el Servicio Regional de Salud de la Comunidad (Sacyl).

SegurCaixa Adeslas decidió no acudir a la primera licitación aprobada por el Gobierno para dar cobertura sanitaria a los funcionarios por la "insuficiencia" de las condiciones económicas ofrecidas por Muface y las pérdidas acumuladas en el último concierto, del que se benefician 1,5 millones de titulares y familiares. Una valoración que realizaron pese al incremento del 33,5 por ciento de la prima para cada asegurado para dos años en la última revisión del Estado, tras quedar desierta en un primer momento. Esta semana, se sumó a esta negativa DKV, por lo que Asisa es la única que mantiene su deseo de hacerse con la asistencia a los mutualistas, aunque continúa con el análisis de los pliegos de condiciones.

Unos pliegos que, según publicó Muface, tienen su incidencia en Castilla y León, una comunidad con muchos núcleos de población y de escasa población. La entidad o entidades que se presenten al concierto deberán prestar servicios sanitarios de asistencia primaria en municipios de hasta 20.000 habitantes en los que la aseguradora no disponga de medios propios o concertados suficientes, además de servicios de urgencias en estos lugares, a través de la Atención Primaria.

En cuanto a la disponibilidad de medios de Atención Primaria, todos los municipios dispondrán de Atención Primaria, que comprenderá la asistencia sanitaria a nivel ambulatorio, domiciliario y de urgencia a cargo del médico general o de familia, pediatra, diplomado en enfermería, matrona, fisioterapeuta, odontólogo y podólogo. Además, los municipios a partir de 5.000 habitantes dispondrán de pediatra y los de más de 10.000 habitantes contarán, además, de fisioterapeuta y odontoestomatólogo. Las localidades de más de 20.000 habitantes, en los que residan más de 500 beneficiarios de Muface, deberán contar, además, de un podólogo y una matrona, incrementándose el número de profesionales en función del número de beneficiarios. Por último, las ciudades de más de 100.000 habitantes deben contar con servicios de Atención Primaria en todos los distritos y en las capitales de provincia, habrá tres puntos de atención diferentes.

En caso de que la compañía no disponga de los medios propios o concertados, tendrá que garantizar la asistencia de "igual forma" y pagar por los servicios al proveedor de turno, que incluso puede ser la sanidad pública.