La Junta de Castilla y León ha defendido en la reunión de la Comisión interterritorial de salud pública, que se volverá a convocar este jueves al no haber alcanzado un consenso entre las medidas propuestas, el uso de mascarillas en ciertas zonas de los establecimientos sanitarios, ha afirmado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

Vázquez ha recordado que es la misma postura que mantuvieron el año pasado, porque antes de que entrará en vigor la obligatoriedad de esta práctica el pasado mes de enero, el gobierno autonómico, aunque no podía hacer que fuera obligatorio, ya recomendaba el uso de mascarillas en ciertas zonas de los hospitales y centros de salud.

El consejero ha adelantado que en unas horas se conocerá la evolución de las listas de espera sanitarias de septiembre, aunque ha recordado que entre junio de 2023 y junio de 2024 se redujeron en tres días en Castilla y León, mientras la media estatal se incrementaba en nueve días.

SIN ACUERDO

En la reunión de la Comisión se han planteado cuatro escenarios posibles de riesgo (0, 1, 2 y 3) en función de determinados indicadores -como la tasa de incidencia, hospitalizaciones e ingresos UCI y ocupación de camas, entre otros-, en los que aplicar una serie de actuaciones homogéneas en todas las autonomías, aunque con la puerta abierta a que cada una añadiese otras nuevas según su situación.

Una de esas medidas es el uso de mascarilla, que Sanidad recomienda en todos los escenarios, aunque con una ampliación gradual de su uso según vaya empeorando la situación epidemiológica.

El origen de este documento se fraguó en el anterior pico de infecciones respiratorias, en el que el Ministerio acabó imponiendo el uso de mascarillas en todos los centros sanitarios del país, una intervención que el Ministerio no quería volver a repetir, según ha comentado varias veces su responsable, Mónica García.

A partir de ahí, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) invitó a las comunidades a participar en la elaboración de una estrategia conjunta para evitar otro año más de colapso del sistema ante el aumento de los casos.

Invitación a la que respondieron Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana y La Rioja, que desde entonces han ido perfilando este plan de actuaciones comunes a lo largo de las cuatro reuniones que han tenido a lo largo del año con el CCAES para hacerlo.

Sin embargo, tras estudiarlo, algunos de los directores generales consideran que el plan está poco maduro; otros han cuestionado algunas de las recomendaciones como la de dar cinco días de baja a los trabajadores de centros residenciales contagiados que no puedan ser reubicados en otros puestos mientras les dure la infección y hay algunos que han criticado la falta de rigor y la improvisación.

Es por todo ello que se han citado para una nueva reunión extraordinaria el próximo mes de noviembre, en el que intentarán cerrar finalmente un documento que, no obstante, deberá pasar después el filtro de los consejeros en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.