Las denuncias por consumo o tenencia de drogas recaudaron un millón de euros en Salamanca durante 2023

La Ley de Seguridad Ciudadana -llamada Ley Mordaza- ha incrementado las denuncias por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos. Delitos que han aumentado un 53,1% en Castilla y León durante el último lustro, pasando de 9.256 infracciones relacionadas con estupefacientes, por una cuantía de 6,1 millones de euros en el año 2018, a 14.272 las sanciones por importe de 9,2 millones de euros en 2023. 

En el caso de Salamanca, el pasado año se recaudaron un millón de euros por este tipo de infracciones, repartidas en 1.580 denuncias. Cifras alejadas de las 2.551 registradas en Burgos, donde se recaudaron 1,7 millones de euros por este mismo tipo de delitos.

Después de las drogas, el mayor número de sanciones estuvo relacionada con las armas. La ley, en su artículo 36.10, castiga con falta grave llevar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, aún cuando se tuviera licencia. En total, por hechos relacionados con la tenencia de armas y explosivos se interpusieron en la Comunidad 2.349 sanciones, un 25,3 por ciento más que en 2018, por las que el Estado recaudó algo más de 1,4 millones de euros.

Falta de respeto

La tercera infracción más común en la Ley Mordaza son la falta de respeto a los agentes. El pasado año se tramitaron 1.888 (+35,4 por ciento), con una recaudación 338.401 euros. El artículo 37.4 estable como sanción leve las falta de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.

Además, las infracciones por resistencia o desobediencia a la autoridad (artículo 36.6), considerado como falta grave, también se incrementaron y pasaron de 778 a 1.287 (+65 por ciento).

Pago voluntario

El procedimiento administrativo de estas sanciones se inicia cuando las subdelegaciones de Gobierno reciben las denuncias por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces se instruye un expediente que suele acabar en una resolución de sanción. Al igual que las multas de tráfico, si la sanción se paga de forma voluntaria, la cuantía de la multa se reduce a la mitad y el proceso se da por finalizado. No obstante, el presunto infractor tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones y pruebas, lo que generará un nuevo proceso de resolución, e incluso puede acudir a la vía judicial.