Carriedo responde a VOX: la acogida de menores migrantes es una decisión tomada "desde" Castilla y León

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves que la decisión sobre la acogida de 21 menores migrantes no acompañados este año se adoptó "en", "por" y "desde Castilla y León" y que "nadie" la tomó en nombre del Gobierno autonómico.

Carriedo ha recordado que es la misma posición que se mantiene desde 2021 y que es compartida desde entonces por todas las comunidades, a excepción del descuelgue este miércoles de Cataluña, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Tenerife. 

Fernández Carriedo, que compareció al término de la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, ha aclarado que la posición de la Junta sobre la acogida de menores migrantes se fijó en Castilla y León, después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, acusara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de obligar a sus comunidades a aceptar el acuerdo con el Gobierno y de provocar la ruptura de los pactos de gobierno.

En ese sentido, el portavoz de la Junta ha explicado que la posición que defendió la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, fue la que él mismo expresó en la reunión del Consejo de Gobierno de la semana pasada. Además, ha apuntado que es "coherente" con lo que la Comunidad ha defendido y acordado en 2021, 2022 y 2023 por lo que se mantendrá en este ejercicio también.

De esta forma, ha asegurado que se basa en la solidaridad entre las comunidades. "No hay mejor contribución al proyecto de España que la solidaridad entre las comunidades", dijo el portavoz del Gobierno autonómico, quien añadió que se basa en el acuerdo de gobierno de PP y VOX suscrito en marzo de 2022, que recordó recogía la apuesta por una inmigración "ordenada" y que favoreciera la integración social, cultural y laboral de estas personas. Por último, Fernández Carriedo ha defendido que no hay una forma más útil de conseguir esa integración que la tutela recaiga en favor de la Junta, para que sean capaces de asegurarla.