Ya sabíamos que, para Sánchez y para Yolanda, para el PSOE, para Sumar y para el resto de sus compañeros de viaje, la ley es un obstáculo para la convivencia. Y que no comparten eso de que es el pilar fundamental de la democracia. Ellos, en vez de leyes prefieren "el diálogo", como si las leyes no fuesen precisamente el producto de un diálogo, pero reglado e institucionalizado, entre aquellos a los que el pueblo ha concedido en las urnas la facultad de representarle, para establecer las reglas del juego democrático.

Esta semana han llevado esta idea al colmo de lo concebible en una democracia. El Parlamento decidió el martes, con el amén de su presidenta, la esposa del jardinero fiel, que el orden de las cosas en un Estado de Derecho se puede cambiar sin que nadie se despeine. Así, en vez de presentar una norma, debatirla, votarla, aprobarla y finalmente aplicarla, sus señorías decidieron que lo procedente era aplicarla primero y luego ya votarla, aprobarla y todas esas zarandajas sin importancia.

Así, pudimos comprobar cómo sus señorías se armaban de pinganillos y traductores para ponerse a debatir en gallego, catalán y vasco la ley que les iba a permitir usar pinganillos, contratar a traductores y poder hablar en gallego, catalán y vasco. Tres días después de aquello, se votó y se aprobó la proposición de ley conjunta del PSOE, Sumar y los indepes para reformar el reglamento de la Cámara y permitir su nueva vocación plurilingüística y plurinacional, que ya se había puesto en marcha tres días antes.

Este es el respeto a la ley y a las normas, las reglas fundamentales de la convivencia en democracia, que tienen esa mitad de nuestros representantes, que son los que nos gobiernan y los que más se llenan la boca para hablar de "convivencia". De este descaro e impunidad se sigue todo lo demás. Lo que ya sabemos y lo que nos espera.

Lo que ya sabemos son las condiciones que puso Puigdemont como mero prólogo a la negociación, para comprobar lo que Sánchez está dispuesto a tragar. Podríamos resumirlas en dos exigencias, lengua y amnistía, que ya podemos dar por cumplidas esta semana. De ahí lo de los pinganillos avant la lettre y las declaraciones, primero de Junqueras y luego de Sánchez en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas.

Junqueras viajó el martes al extranjero, o sea que vino a Madrid a zascandilear alrededor del Congreso. Y aunque no se quedó a la sesión del pinganillo porque tenías cosas que hacer en su país, sí tuvo tiempo para explicar a los periodistas que el PSOE ya se comprometió el pasado agosto, cuando negociaron lo de Francina, a aprobar una amnistía que ya da por hecha. Y explicó también que ni se arrepentía de la declaración de independencia, ni renunciaba a volver a las andadas: "No entendería que nadie deba arrepentirse de aquello que en ningún momento ha constituido un delito. Al contrario: quien debe arrepentirse son aquellos que han impedido derechos democráticos".

Luego, el miércoles, Sánchez vino a confirmarlo. Le preguntaron por la amnistía, esa palabra que se niega pronunciar, y dijo: "Seré coherente con la política de normalización en Cataluña y ya estoy diciendo mucho". Efectivamente, porque se le entiende todo. Y añadió que "también digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización de toda esta crisis".

Lo que viene a ser otra patada al Estado de Derecho porque, en realidad, lo que nunca debió derivar en acciones delictivas fue la actuación de unos políticos frustrados porque la Constitución no permite referéndums de autodeterminación y el Tribunal Constitucional les prohibió realizarlo. Entonces, incumplieron la Constitución y desobedecieron al Tribunal. Y si la Fiscalía y los jueces no hubiesen actuado contra ellos, como ahora dice Sánchez, también habrían cometido un delito. ¿Es lo que hubiese querido el presidente?

Pero ahora, según Sánchez, Junqueras y Puigdemont, culpables de todo aquello, no fueron los que cometieron los delitos, fueron quienes les juzgaron por cometerlos. Esta vez, además, no ha cambiado de opinión, a diferencia de lo que nos explicó en la campaña electoral que le pasó con los indultos y la reforma de la sedición. Ahora dice que él "lo ha comentado siempre" y que en su día ya le dijo a Rajoy que, a él, todo esto de prohibir el referéndum, aplicar el 155 y juzgar a los golpistas, no le parecía bien.

Claro que incluso antes de la declaración de independencia y de los sucesos del 1 de octubre, le contó a Susana Griso y a todos los telespectadores que lo que había ocurrido en el Parlamento de Cataluña el 6 y el 7 de septiembre de 2017, con esas leyes de desconexión, era "un delito de rebelión". ¿Un delito que no debía perseguirse?

Y, por si fuera poco, ya después de la declaración unilateral de independencia y de la heroica fuga de su ahora compadre Puigdemont en el maletero de un coche rumbo a Waterloo, Sánchez volvió a asegurar que: "clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición y en consecuencia deberían ser extraditados sus responsables políticos a España". Por no recordar que en la campaña electoral de 2019 en el debate con Casado nos prometió que iba a "traer a Puigdemont a España para que sea juzgado".

Está claro que Sánchez "siempre" ha pensado que la justicia no debía inmiscuirse en Cataluña. No es un cambio de opinión. No vaya a pensar nadie que Sánchez necesita siete votos. En este asunto, lo suyo es una convicción profunda que le viene de lejos, de su más temprana juventud, de siempre. Él nunca miente, porque el que miente es Feijóo.

Esto es lo que ya sabemos. Y lo que nos espera son otros dos temitas que, poco a poco, se irán introduciendo en el discurso socialista y sumarista, en los medios y las tertulias de opinión sincronizada. Primero será el mediador, para que el próximo proceso de independencia tenga un lustre internacional que el anterior no tuvo. Y luego, o tal vez simultáneamente, empezarán a hablar de consulta, o de algún otro eufemismo, que nos permita reconocer ese derecho a decidir del que privamos hace años a los catalanes para que puedan cambiar las cutres urnas de cartón por otras de reluciente cristal.

Cuando se abran estos melones es posible que la amnistía siga coleando. Pero en eso consiste el juego, en que sea eclipsada por la mediación y la consulta. Puigdemont, que ya ha conseguido los pinganillos y tendrá la amnistía, peleará entonces por su consulta y su mediador internacional mientras disfruta de la división del constitucionalismo. Y soñará tal vez con poder disfrutar de ese doble placer que según Maquiavelo consiste en "mentir al impostor". Nos espera mucho diálogo y mucha convivencia. Un diálogo y una convivencia de los que se excluirá a la mitad de los españoles.