El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado este jueves un nuevo protocolo común para una actuación sanitaria homogénea en toda España ante la violencia sexual, en el que se establecen criterios respecto a la detección, valoración e intervención en estos casos.

El documento acordado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tiene el objetivo principal de ofrecer una "atención sanitaria integral (física, psicológica y social) ágil, respetuosa y eficaz" para las víctimas de violencia sexual, especialmente de las personas más vulnerables, para minimizar el impacto generado y asegurar su recuperación.

Pero además cuenta con otros propósitos: garantizar la actuación coordinada con los médicos forenses, sensibilizar y formar al personal sanitario -sobre todo en los contextos de mayor vulnerabilidad-, actualizar el conocimiento para una intervención integral, humanitaria y de calidad, promover el empoderamiento y capacitación de las víctimas y mejorar la investigación sanitaria en materia de violencia sexual.

Así, el protocolo destaca la importancia de atender al relato de la víctima y evitar su revictimización. Por ejemplo, mediante la evaluación sanitaria y forense pertinente en un acto único para reducir el impacto psicológico tras la agresión.

Como contextos de especial vulnerabilidad señala el embarazo, la discapacidad, la ruralidad, la pertenencia a grupos étnicos y culturales minoritarios y al colectivo LGTBI+, la migración y racialización, el consumo de sustancias y adicciones, la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, el sinhogarismo, la edad avanzada y el padecimiento del VIH.

Asimismo, la guía dedica un apartado a la actuación sanitaria en caso de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, que requiere una atención "urgente y preferente".

Se trata de víctimas especialmente vulnerables a la revictimización y también a sufrir daños en su salud física y psicológica y en su desarrollo evolutivo, por lo que se les deberá tratar con especial cuidado y utilizando un lenguaje claro y comprensible.

Aparte de elaborar el informe médico, se notificará a los servicios sociales municipales o de protección a la infancia, se dará parte al juzgado de guardia cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito y se harán consultas de seguimiento, con énfasis en el apoyo psicológico y las actuaciones orientadas a la "recuperación del proyecto vital".

En términos generales, previo consentimiento de la persona agredida, se procederá a su exploración, durante la que será informada en todo momento de las pruebas que se le van a realizar y se le invitará a preguntar cuando lo necesite y a determinar el ritmo del examen médico.

Todos los pasos deberán encaminarse a crear un ambiente adecuado de respeto a la dignidad y de garantía de la intimidad y la confidencialidad de la persona. Además, es aconsejable que la acompañe alguien de su confianza, si la víctima así lo desea.

Entre otros supuestos, el protocolo incide en evaluar las sospechas de sumisión química, ya que la persona agredida no siempre es consciente de lo que ha pasado.

Esta suele expresar que se encontraba en un ambiente carente de peligro, como un restaurante, una discoteca o la casa de alguien conocido, y, tras consumir una bebida, en un corto periodo de tiempo, pierde la conciencia, apunta el documento.

La difusión y aplicación del protocolo es especialmente relevante, según el propio texto, en dos ámbitos.

Por un lado, la atención primaria, por su proximidad y contacto cercano y continuado con la población, lo que se traduce en una mayor capacidad de detección de la violencia sexual.

Y por otro, la atención hospitalaria, donde sus profesionales "pueden mantener una actitud activa y de alerta" ante una sospecha para mejorar la detección y la calidad de la atención.