"Está en riesgo la seguridad ciudadana de la provincia". Así de claros se han manifestado este miércoles los bomberos de la provincia ante la "grave" situación laboral en la que se encuentran y ante la falta de regularización del servicio. "La diputación presume del servicio de bomberos" cuando la realidad es que "está externalizado", tal y como ha explicado José Antonio Martín, uno de los bomberos que presta servicio en el parque de Villares de la Reina, acompañado del abogado Javier Calzadilla y de la Secretaria de Local y Servicios a la Comunidad de UGT, Manuel Pérez. "La falta de efectivos" se traduce a día de hoy en que "la Diputación solo tiene 26 plazas", lo demás se realiza con personal externalizado y con voluntarios.

La Diputación, explicó, "sacó 26 plazas de interinos. Al mes, se sacaban las de bomberos como funcionarios de carrera. A día de hoy trababan los interinos, siendo esas las plazas que se sacan ahora, no hay más. Además, la bolsa de funcionarios interinos se ha agotado porque las condiciones no son buenas".

"Con poco personal no se garantiza la seguridad de los ciudadanos", subrayó Martín, añadiendo además que "tenemos un grave problema con los servicios de emergencia y una descoordinación que genera un riesgo de los propios bomberos", por lo que "cómo vamos a garantizar la seguridad de los ciudadanos". Y es que, aunque la provincia cuenta con cuatro parques, "no están unificados, no hay un mando único", y quien ejerce como parque central es el de Villares de la Reina.

Ha puesto como ejemplo el incendio que se produjo el pasado Jueves Santo en La Alberca y en el que se vieron afectadas 9 viviendas. "No había coordinación general". 

En estos momentos, una veintena de bomberos del parque de Villares de la Reina está pendiente de la respuesta de la Diputación de Salamanca a la reclamación administrada presentada el pasado día 15 de marzo. En caso de que no sea resuelta, recurrirán a la vía judicial.  

Se da la circunstancia de que estos bomberos, pese a que pertenecen a una empresa privada, no solo portan los uniformes del servicio de la Diputación, sino que "tienen que acatar las órdenes" y cumplir con los cometidos que no solo se ciñen a las labores de prevención y extinción de incendios en la provincia, sino que también acuden cuando se produce un accidente de tráfico y hay que excarcelar a algún ocupante de los vehículos, en caso de inundaciones...

A esto, añaden,  que "con poco personal, no se garantiza la seguridad de los ciudadanos. Somos un servicio público esencial que tiene que pertenecer a la administración". "Regularizar el servicio es cuestión de voluntad", y no es una cuestión menor si se tiene en cuenta que "está en riesgo la seguridad de la provincia, y esto no es una opinión, es un hecho".

El abogado Javier Calzadilla explicó que, curiosamente, en la web de la Diputación se puede leer, por ejemplo, que la institución provincial "entrega nuevos equipamientos a los parques de la provincia, pero no se hace mención a que el servicio, la gestión, está externalizado, y esto es una irregularidad, porque es un servicio público esencial". "Sin una determinada organización y el sin el reconocimiento de la situación laboral, no es que sea precario, es que es ilegal", concluyó.