El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha anunciado este jueves, 13 de abril, la decisión del consistorio de presentar una declaración de responsabilidad patrimonial hacia la Confederación Hidrográfica del Duero, "solicitando una indemnización por valor de 6.883.153 euros", en consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados por la nulidad de la autorización de adjudicación, "concedida en su momento por la propia Confederación", para ejecutar las obras de instalación del parque de maquinaria con su servicio de recogida de residuos tóxicos humanos. 

Para entender esta situación es necesario hacer memoria hasta 2012; momento en el que la Confederación llevó a cabo una resolución por la que se autorizaba la ejecución de las obras e instalaciones del parque de maquinaria y declaraba "expresamente la legalización de todas las obras e instalaciones" necesarias para "su puesta en marcha". 

Posteriormente, está resolución fue anulada con fecha de junio de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, confirmada en noviembre de 2017 por el Tribunal Supremo. La razón de la anulación se fundamenta, según explica Rodríguez, en la "ausencia de una serie de informes técnicos que justificaran que la Confederación Hidrográfica del Duero adquiriera en 2012 la ejecución del parque de maquinaria cuando antes había señalado lo contrario". 

¿Por qué antes había señalado lo contrario? De forma previa a la autorización, desde la Confederación se negaron a la realización de la obras al entender que mientras no se derribara la pesquera de Tejares existirían problemas de inundabilidad. Ante ello, el Ayuntamiento de Salamanca decidió escuchar a los vecinos de la zona, quienes se mostraron reacios a este derrumbe, por lo que se tomó la decisión de mantener la pesquera, decisión sobre la que la Confederación decidió aprobar las obras. 

"El Ayuntamiento pidió a la Confederación ejecutar el parque de maquinaria sin derribar la pesquera, momento en el que la Confederación, cuando en su momento había dicho que no, dijo que sí. Es verdad que lo hizo, porque nosotros argumentos nuevos y técnicos que avalaban que sin derriban la pesquera, se viera afectado. Ahora bien, el Tribuna Supremo anuló esa aprobación porque consideraba que en el expediente de adjudicación no constaban los informes técnicos que justificaban el porqué la Confederación había cambiado de criterio", explica el concejal. 

Seguidamente, en noviembre de 2018, el Ayuntamiento vuelve a solicitar una adjudicación de las obras a la propia Confederación, siendo denegada en octubre de 2019. Ante ello, el consistorio interpuso un recurso contra la resolución adjudicatoria, siendo desestimado por el Tribuna Superior de Justicia de Castilla y León en 2021, adquiriendo firmeza en 2022.

A consecuencia de ello, en boca de Fernando Rodríguez, el Ayuntamiento se ha visto "obligado" al cese de maquinaria, consumándose dicho cese en noviembre de 2022, previo traslado de maquinaria al polígono del Montalvo donde hay dependencias municipales. Se ha llevado a cabo hasta 2023, la retirada de materiales y desmontaje, licitándose las obras de derribo y adjudicándose este mismo día, 13 de abril. 

CONCLUSIÓN 

Esta situación, con previa aceptación de las obras en 2012, ha provocado según el Ayuntamiento una serie de daños y perjuicios, valorados en más de seis millones de euros, correspondientes al coste de ejecución de las obras, el parque de maquinaria y las actuaciones complementarias previas a ello, como la depuraba o la instalación del gas. Añadiendo, el coste inicialmente previsto de las instalaciones, así como su traslado al polígono del Montalvo. 

Según Rodríguez, la sentencia "hay que acatarla", pero lo que no entienden es la "postura" de la Confederación, por lo que consideran que el coste "no debería recaer sobre las espaldas de los salmantinos". 

La reclamación se presenta ante la Confederación Hidrográfica del Duero por vía administrativa y tiene un plazo de 6 meses para resolver. A partir de ahí, la cuestión pasaría a los tribulales de jusitica, a los que "por supuesto" llegaría el Ayuntamiento en caso de recibir silencio o una respuesta negativa.