En la serie de artículos que estamos dedicando a los lectores de Tribuna, sobre la imagen de España en multitud de aspectos socioeconómicos, hoy nos tocan dos temas importantes: el del Clima, y lo referente a Hidrografía. En el primer caso, la escasez de precipitaciones en una serie de áreas regionales, y la descompensación hidrográfica por otro lado, han hecho repensar los problemas del agua en el país como un todo. Por la inevitable alusión a los trasvases, de lo cual hay una importante muestra en funcionamiento (Tajo-Segura), pero todavía no tenemos desarrollos efectivos en lo que concierne al Ebro. Antes podía pensarse que el clima, incluso el agua, determinaban el porvenir de un país. Hoy, por el contrario, existen muchos correctivos, que estuvimos aquí, para alterar infraestructuras naturales, y mejorar las condiciones para la agricultura y la disponibilidad del líquido esencial para la vida, que es el agua.

Clima

Puede definirse el clima como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región: la radiación solar, la temperatura, el contenido del aire en vapor, el agua precipitada en forma de lluvia[1] o de nieve, la presión del aire y los vientos. Según sea la combinación, pueden distinguirse tres tipos de climas: el atlántico, el continental y el mediterráneo, que permiten una producción agrícola muy diver­sificada[2].

Toda la Cornisa del Cantábrico y Galicia gozan de clima atlántico, recibiendo precipitaciones abundantes. El resto del país se distribuye entre las zonas climáticas continental y mediterránea, superando raramente la pluviosidad los 500 mm., no llegando en muchas zonas ni siquiera a los 300 (Monegros, algunas estepas manchegas, Murcia y Almería). Por otra parte, en muchas zonas, las épocas de mayores precipitaciones (primavera y otoño) no coinciden con los períodos de mejores condiciones térmicas. Por todo ello, el aprovechamiento y la redistribución del agua escasa constituye -con frecuentes y largas sequías-, uno de los grandes problemas nacionales[3].

El volumen de precipitaciones que, como promedio, recibe la España peninsular anualmente, fue objeto de cálculo por el Instituto Geográfico y Catastral en 337.771 Hm³ (1 Hm³ = 1 millón de m³), lo cual equivale a una precipitación media de 685 litros/m² [4]. Claro que, como ya se ha indicado, la distribución es muy diferente según las áreas.

En general, estudiando las isoyetas (líneas de igual nivel de preci­pitación), pueden distinguirse: la España húmeda, demarcada por los 800 litros/m² (118.960 km², equivalentes al 24 por 100 de la España peninsular), que comprende todo el Norte, desde Galicia a Cataluña y los macizos montañosos galaicolusos, hasta la altura de Lisboa; la España de transición, entre las isoyetas 400 y 800 litros/m² (300.910 km², o el 61 por 100 del área peninsular), de distribución territorial muy irregular por la orografía; y la España seca, que se sitúa por debajo de la isoyeta de 400 litros/m² (73.050 km², aproximadamente el 15 por 100 del territorio peninsular), que comprende el Sureste, áreas de la Mancha y determinadas zonas de las cuencas del Duero y del Ebro. Ver cuadro/mapa 1.

En definitiva, el estrés hídrico es una realidad permanente en España en los cultivos de secano, por la escasez de agua y la irregularidad de las precipitaciones. Lo que valoriza, en mucho, los cuatro millones de hectáreas de regadío, resultando que dentro de 18 millones de ha. en cultivo anuales, generan el 75 por 100 de la Producción Final Agraria (PFA).

La experiencia nos dice que la sequía es un riesgo cíclico, que encadena años severos con otros más benévolos. Pero también se comprueba que, en tiempos de calentamiento global, cada vez pasa menos tiempo entre un período de sequía y otro. Así, en España hubo una sequía importante en 2005, y la siguiente severa ocurrió en 2012. Sin embargo, hasta la siguiente solo pasaron cinco años: fue la de 2017, que alcanzó cifras récord de indemnizaciones por pérdida de cosechas. Es imposible pronosticar cuándo se producirá la próxima sequía, pero sabemos que ocurrirá, y la herramienta económica más efectiva contra sus efectos es el seguro agrario^[5].

En el contexto que hemos expuesto, los regadíos tienen unan productividad media del orden de cinco veces la de secano. Por ello, es muy de lamentar la necia aversión de algunas políticas a ampliar las zonas de riego, con rancia oposición en el caso de dos transvases bien estudiados. Como sucede con el propósito de desmantelar el del Tajo-Segura (que empezó a funcionar en 1977); y con la negativa a realizar el del Ebro. En el caso de este último, ya se habían conseguido los apoyos oportunos de la Unión Europea para su construcción, que finalmente no fueron aplicados. Por el rechazo del gran proyecto durante el primer gobierno de Jose Luis Rodriguez Zapatero (2005)

Hidrografía

A consecuencia del régimen de lluvias, la irregularidad es la característica más acusada de nuestro sistema hidrográfico[6]. Otra característica del mismo es su descompensación; mientras en años normales los ríos de la vertiente mediterránea sólo aportan unos 25.000 millones de metros cúbicos (de los que 17.500 se encauzan por el Ebro), la región atlántica recibe más de 75.000. Las aportaciones fluviales son, pues, menores en todo el Levante y el litoral sur mediterráneo, que constituyen precisamente las zonas más apropiadas para el cultivo de regadío intensivo[7].

Recursos y disponibilidades

Hasta los años sesenta del siglo XX, no se contó en España con un conocimiento ni siquiera aproximado de los recursos hidráulicos disponibles. En 1967, con ocasión de publicarse el anteproyecto del trasvase Tajo-Segura, se dio a conocer por primera vez el Balance Hidráulico Nacional, inaugurando una metodología que hoy supervisa el Ministerio de Transición Ecológica. El cuadro 2 registra algunos datos significativos sobre pluviosidad y recursos hídricos por cuencas, así como la capacidad de los embalses de toda España, que como conjunto constituyen el mayor sistema de Europa Occidental.

Las cifras más recientes reflejan unos recursos totales disponibles de 110.116 Hm³. En esa cifra se incluyen la escorrentía y los aprovechamientos vía embalses (1.024 en total), con capacidad para 53.252 Hm³ (1999), y un giro anual medio entre 30.000 y 40.000 Hm³. De aguas subterráneas se bombean 5.500 Hm ³ (2007), a partir de un stock estimado, por el Inventario de las Aguas Subte­rráneas de España, de 180.000 Hm³ [8].

No obstante, de todos esos recursos, los verdaderamente disponibles, según la mayoría de las estimaciones rea­li­zadas, incluyendo la efec­tuada en el Libro Blanco del Agua de 1998, estarían en el entorno de los 40-45.000 hm³/año, que si bien re­sultarían suficientes para cubrir la demanda actual (35.000 hm3/año, según los planes hidrológicos de cuen­ca), no lo son por su irregular distribución en el territorio nacional, con acu­sados déficit coyun­tu­rales, especialmente el litoral medi­terráneo.

A fin de evitar el sombrío panorama de penurias previ­sible, el Plan Hidrológico Na­cio­nal (PHN), dispone de una doble orientación:

• ahorro y reutilización de recursos: con la moder­ni­zación de los regadíos, y el control de fugas en las redes de abastecimiento.
• generación de nuevos re­cursos: con inversiones en plantas desaliniza­do­ras, y mejor uso y ahorro del agua, im­pulsando una ex­tracción más racional de los acuíferos.

Acompañado de una fuerte controversia política, por el R.D.L 2/2004, de 18 de junio, como ya hemos visto, se derogó el proyecto de trasvase planificado desde el Ebro a las cuencas hi­drográficas internas de Ca­ta­luña, del Júcar, Segura y del Sur, contemplada en su versión inicial (Ley 10/2001) por el Plan Hidrológico Nacional. Así las cosas, los 1.050 Hm³ de transferencia anual prevista, un 8 por 100 del caudal medio que el Ebro vierte anualmente al mar, se planteó sustituirlas por 750 Hm³; a generar con la construcción de 30 nuevas plantas desaladoras (en 2004 se obtenían en España aproximadamente 140 hm3 de agua potable, a partir de la desalinización del agua de mar, ubicándose la mayoría de las plantas en Canarias).

Ese objetivo se instrumentó mediante el Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), gestionado administrativamente por Acuamed, empresa pública del entonces MMA, que aprovechó la financiación europea concedida a la anterior versión del Plan como trasvase. Sin despejarse las dudas acerca del mayor coste del agua desalada o su incierto impacto medioambiental (por el vertido de las salmueras y otras circunstancias). El referido RDL, que se tramitó posteriormente (como Ley 11/2005, de 22 de junio), se inscribió dentro de una nueva inspiración política: la necesidad de mejorar el mercado del agua con mecanismos de ahorro, según establece la directiva marco europea sobre política del agua (2000), pero con más que dudosos resultados.

Los Planes de Saneamiento y Depuración, publicados en 2015, inciden en la necesidad de potenciar el reciclado y depuración en los suministros urbanos, implicando para ello a CC.AA. y Corporaciones Locales, con participación financiera incluso de la iniciativa privada. El Estado presta apoyo a esos propósitos con los Fondos Estructurales de la UE, a través del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 (PEIT).

En relación con la mejor gestión del agua, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), está pensado para cumplir cuatro funciones concretas: captar automáticamente los datos hidrológicos mediante sensores; controlar, elaborar y almacenar esos datos mediante microprocesadores; mediante una amplia red de comunicación; e interpretación por medio de sistemas informáticos. Ese sistema contiene puntos de control que miden las precipitaciones, así como los niveles de agua de los embalses.

Con ello se pretende que cada centro de cuenca tenga datos, en tiempo real, de los caudales de agua en cada punto; de forma que puedan aprovecharse al máximo los recursos existentes y evitar, dentro de las posibilidades, catástrofes como las ocurridas en ocasiones. Todas las cuencas están intercomunicadas entre ellas, y cada una, a su vez con el centro nacional, que procesa los datos, con fines económicos y de seguridad.

Funciona un Sistema Automático de Información de Calidad de Aguas, el SAICA, que permite disponer, en tiempo real, de información sobre la situación cualitativa de los ríos en los tramos más importantes. La red cuenta con estaciones de medición automática de contaminantes con análisis complejos[9].

El problema de los recursos hidráulicos a escala nacional es, en definitiva, una cuestión de regulación para represar las aguas de nuestros ríos, que en su mayor parte tienen estiajes muy acentuados. Pero, además de ello, existe el ya mencionado problema de la descompensación hidrográfica del país, con déficit ya importante en las cuencas del Sur, del Segura y del Pirineo, y con un déficit previsible para el futuro en el Guadalquivir[10].

Por lo demás, si la Ley 29/1985, que sustituyó la vieja Ley de Aguas de 1870, supuso la nacionalización del estratégico recurso hídrico. En mayo de 1999 se estableció un nuevo marco legal en el que ciertamente se vislumbra la creación de un mercado del agua; al admitirse la cesión remunerada de aquellos derechos que no se utilicen, con fuertes elevaciones de precios en épocas de sequía. Por ello mismo, hay dudas sobre la conveniencia de ese nuevo enfoque, debido a que las propias reservas están deficientemente inventariadas. Y por otro lado, porque el establecimiento de un precio de mercado apuntaría a una reasignación de recursos poco favorable a los regadíos; en los cuales el metro cúbico se paga, como media, al 5 por 100 del precio de abastecimiento para consumo hu­ma­no[11].

El agua, otrora paradigma de bien público, antes virtualmente gratuito, se concibe ahora como bien escaso. Entre otras ­cosas, por estar sometido en España a grandes desequilibrios estacionales y geográficos. Se estima que la gestión de un recurso tan preciso, debe optimizarse a través de los mecanismos de mercado. De hecho, esto sucede ya en el abastecimiento urbano. Aguas de Barcelona (Agbar), lidera el sector, dando servicio a doce millones de personas (2021); por delante de General de Aguas (Vivendi), y del Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid, ambas con más de siete millones de consumidores.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 3.600 millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento, un hecho que se recordó con el Día Mundial del Saneamiento de 2021 (19 de noviembre). A ese respecto, Agbar es el grupo principal de gestión de aguas y saneamiento en España, donde cuenta con 793 plantas depuradoras en otros tantos municipios. En ellas se trataron en 2020 1.062,9 hm³ de agua, con toda clase de innovaciones, como son las biofactorías; plantas que, además de su función básica, regeneran el agua depurada y valorizan residuos, autoabasteciéndose al 100 por 100 energéticamente[12].

En definitiva el tema del agua, en su globalidad, es uno de los aspectos fundamentales de las estructuras funcionales de cualquier economía, y en ese sentido, requiere de un tratamiento específico muy desarrollado^[13]. Echándose de menos todavía en España la existencia, como en muchos otros países, de un regulador nacional que supervise y coordine todo.

Dejamos aquí el tema por hoy, para seguir el próximo viernes. Y como siempre, los lectores de Tribuna pueden conectar con el autor en castecien@bitmailer.net.

[1] Es recomendable el libro de Inocencio Font Tullot Historia del clima en España, Instituto Nacional de Meteorología, Madrid, 1988, aunque sea de lectura difícil por sus irregularidades.

[2] Sobre todos estos aspectos climatológicos en España existe una extensa bibliografía, que cita L. Martín Echevarría en su ob. cit., págs. 138 y sigs., y Manuel Terán, en su Geografía de España y Portugal, tomo II (por L. Solé Sabaris), págs. 63 y sigs. Para una visión más reciente de las zonas climáticas, Carmen Ortega Hernández-Agero, en su artículo «Marco Físico» en El libro rojo de los bosques españoles, ob. cit., nota 6, págs. 15 a 19.

[3] «Este es -decía Macías Picavea- el gran problema geográfico nacional, vital y primario para España: buscar y obtener el medio de redistribuir la muy irregular cantidad media de humedad que anualmente recibe, de contener las enormes pérdidas anuales, de utilizar todos sus depósitos y de dotar con suficiente cantidad media a todas y a cada una de sus regiones, comarcas o provincias.» Vid. El problema nacional, Madrid, 1899, págs. 82 y 83.

[4] En España, la gestión integral del agua la realizan las Confederaciones Hidrográficas en colaboración con la Administración General del Estado cuando el ámbito territorial comprende varias CC.AA (Norte, Ebro, Júcar, Segura, Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Duero), y con los gobiernos autonómicos en los casos de cuencas interiores (en Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias, Galicia Costa y País Vasco).

[5] Ignacio Machetti, Presidente de Agroseguro, 'Un año muy duro para el campo español', ABC, 25.XI.2021.

[6] E. Hessinnger, La distribución estacional de las precipitaciones en la Península Ibérica y sus causas», en Estudios Geográficos, vol. X, núm. 34, 1959. Entre las aportaciones bibliográficas de mayor interés sobre temas hidráulicos, es obligado citar el número monográfico que sobre el «Agua» publicó en 1995 la revista El Campo, del Servicio de Estudios BBV.

[7] Manuel Lorenzo Pardo fue quien en el Plan de Obras Hidráulicas de 1933, puso de relieve esa descompensación hidrográfica en relación con los rendimientos de la tierra.

[8] En el Libro Blanco del Agua en España y los Planes Hidrológicos de Cuenca (aprobados por RD 1664/1998) figura una amplia bibliografía sobre cuestiones hidrográficas.

[9] Un tema interesante en relación con los embalses es el de su coeficiente de utilización, calculado por la relación agua regulada/capacidad de embalse. El coeficiente de utilización irá disminuyendo progresivamente (desde 1,54 en 1966 a 1,28 en 1972 y a 1,07 en el año 2000). Ello es, simplemente, una muestra del hecho histórico -plenamente lógico- de que los primeros embalses tenían un mejor coeficiente, y que se fue dejando para después la construcción de los de menor rendimiento.

[10] Además del trabajo citado en la nota núm. 18, puede verse un estudio crítico sobre el mismo, de F. V. López Palomero (El trasvase Tajo-Segura, Biblioteca Universitaria de Economía, Guadiana de Publicaciones, Madrid, 1969).

[11] La Directiva Marco del Agua, 2000/60/CE insta a sofisticar los inventarios nacionales de recursos hídricos y establece que, a partir de 2010, el precio del agua deberá reflejar su coste real, como herramienta de racionalización de su uso; con bloques de consumo de coste creciente, y un mínimo de 60 litros por persona y día para usos domésticos.

[12] 'Innovación para el ciclo del agua', El País Semanal, 21.XI.2021.

[13] Para mayor atención al tema, el libro de Ramiro Aurín y Ramón Tamames, Gobernanza y gestión del agua: modelos público y privado, Editorial Profit, Barcelona, 2015.