El Partido Popular achacó este viernes en sede judicial a la pandemia del Covid 19 su demora en la convocatoria del congreso provincial de Salamanca, el único no convocado hasta ahora en Castilla y León, incluido el autonómico, como así destacó la parte demandante durante la vista de medidas cautelares celebrada hoy en el juzgado de primera instancia número cinco de la plaza de Colón en la capital del Tormes, según recoge la agencia Ical. 

Los 'populares', a través de su representación legal, aseguraron en su argumentación que los estatutos recogen los plazos que han sido establecidos y consideran que, en ningún caso, se ha visto vulnerado el derecho fundamental a la libre asociación a través de los partidos políticos, como así consideran los demandante. 

Es más, el abogado del PP fue más allá y solicitó a la parte demandante 150.000 euros en concepto de depósito por la presunta vulneración del mismo derecho fundamental que está en liza, el de libre asociación, en este caso, en su vertiente de "auto organización" porque, según valoró el letrado, "estos 13 afiliados" los que firman la demanda, "pretenden sustituir la voluntad de los órganos del partido en una cuestión de tanta importancia como la convocatoria de un congreso".

Argumentos

El argumento principal para haberlo demorado, según citó el abogado, es la normativa autonómica que impidió la celebración de congresos por la crisis sanitaria del COVID-19 hasta el 21 septiembre. De modo que, desde su punto de vista, no se podía exigir al PP convocarlo. Según sus cifras, al último celebrado, en 2017, acudieron 556 personas. "Reunir a tanta gente en tiempos de pandemia no era razonable", apostilló el abogado, quien además recordó que "los congresos son actos políticos, no solo es una cuestión interna, porque se difunden a los ciudadanos una serie de mensajes, y no tiene ningún sentido que el PP, deprisa y corriendo, hubiese agrupado todos los congresos provinciales y autonómicos todos a la vez porque habría tenido un impacto muy severo", sostuvo.

Sin embargo, según manifestó durante su turno de intervención el abogado de la parte demandante, Enrique Herrera, "en absolutamente todas las provincias de Castilla y León se han celebrados los congresos provinciales, salvo en Salamanca", opinando después, en declaraciones recogidas por Ical a la puerta de los juzgados, que detrás de estas decisiones "hay otras razones del Partido Popular que son públicas y notorias".

El segundo motivo que argumentó el PP es que sus estatutos permiten una demora de hasta 12 meses en la convocatoria de un congreso si hay abiertos procesos electorales, trayendo a colación las autonómicas anunciadas en diciembre de 2021 y celebradas en febrero de 2022. A ello, sumó la dimisión del anterior presidente el 5 de diciembre y la conformación de una gestora, cuyo "principal cometido" es convocar el congreso. Argumento contra el que Herrera sugirió su sorpresa al oponerse a las medidas cautelares, que "precisamente" lo reclaman. Los estatutos, según apuntó, dicen que la demora está justificada en caso de ser algo "extraordinario, motivado y previo acuerdo del Comité Nacional" pero, según valoró, "al PP en Génova no le interesa que en Salamanca se celebre el congreso".

Incomparecencia de Feijóo

El Ministerio Fiscal, por su parte, se ha adherido a la posición de la defensa al considerar que el objeto de las medidas cautelares, la convocatoria del congreso en menos de 45 días, coincide con el fondo de la demanda, por lo que ha solicitado la desestimación. La jueza tendrá que decidir al respecto.

La jueza también afeó la incomparecencia de Alberto Núñez Feijóo de forma "unilateral", y la parte demandante solicitó la imposición de las sanciones administrativas previstas al efecto. "Si no se ha personado, es porque no lo ha estimado por conveniente, porque estaba citado él, no el señor que está enfrente de mí. Es el PP el que dice que no tiene nada que aportar. Entonces, que hubiera venido y me hubiera dicho que no podía informar de nada. Estaba citada esta persona, no se citó en términos generales. Y de manera unilateral, el PP decide que no se puede practicar la prueba porque no lo cree conveniente", zanjó la magistrada.

La representación 'popular' se remitió al escrito registrado el pasado 18 de enero, hace apenas dos días, mediante el que señala que Feijóo "no tiene conocimiento de los hechos enjuiciados". El Fiscal, también en este caso, considera que debe comparecer "quien tiene conocimiento de los hechos", ya que Feijóo no estaba citado como testigo sino como representante legal.