La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, está creando grupos de trabajo mediante rondas de visitas por las nueve provincias para informar sobre la convocatoria de ayudas para el refuerzo de la conectividad de internet en polígonos, centros logísticos y zonas de elevada concentración empresarial del medio rural.

Según ha explicado este jueves en Salamanca el director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, Antonio Ibáñez, la idea de estos grupos también es "identificar" zonas que cumplen los requisitos para darles a conocer esta línea de ayudas dotada con 9,3 millones de fondos europeos.

Concretamente, con financiación de los Fondos Next Generation, el objetivo es dotar a los espacios empresariales de fibra óptica y elevar la capacidad de acceso a internet con la posibilidad de llegar hasta un gigabit por segundo (Gbps).

La iniciativa ya está abierta y se distribuye en cuatro líneas de actuación con un máximo subvencionable del 80 por ciento del coste del proyecto, según la información aportada por la Junta de Castilla y León.

La primera de ellas, que cuenta con 4,23 millones, se dirige a los operadores de telecomunicaciones que sirve para las redes de acceso a polígonos y centros logísticos; la segunda, con 2,33 millones, es también para operadores habilitados y servirá para instalar dentro de los espacios empresariales y zonas adyacentes si se encuentran en terrenos de gestión pública. Ambas líneas por concurrencia competitiva, ha explicado Ibáñez.

Respecto a las otras dos, serán por asignación directa en orden de presentación de las solicitudes; una se refiere, la dotada con 899.420 euros, a comunidades y agrupaciones de propietarios, personas jurídicas y entidades vinculadas a la gestión, funcionamiento o dinamización de un polígono para actuaciones en terrenos de gestión privada.

La última, con 1,86 millones de dotación, está planteada para personas jurídicas o físicas titulares de inmuebles o comunidades de propietarios sujetos al régimen de propiedad horizontal que quieran instalar una red interna de comunicaciones electrónicas de alta velocidad dentro del emplazamiento de la empresa a través de instaladores habilitados.