El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el Gobierno acata la decisión que adoptó ayer el TC de paralizar la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados, pero ha anunciado que su Ejecutivo adoptará "cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del CGPJ y del TC" y para que sea respetada la voluntad popular.

Según ha precisado el presidente del Gobierno, que ha considerado que la decisión no tiene precedentes y ha culpado al PP de la situación, "en momentos de incertidumbre se precisa serenidad y firmeza" para lograr el estricto cumplimiento de la ley y para hacer prevalecer la voluntad popular expresada en las urnas.

Sánchez se pronuncia así tras la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), de paralizar la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos en el Parlamento con el fin de cambiar, por una vía acelerada, el sistema de elección de los candidatos al Tribunal Constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial. El TC admitía así el recurso del PP contra las dos enmiendas que lo hacían posible.

La decisión fue adoptada por 6 votos (los de la mayoría conservadora) frente a 5 (los de la minoría progresista), la misma mayoría con la que no aceptaron las recusaciones lanzadas por los partidos del Gobierno contra dos magistrados, esgrimiendo una cuestión técnica: que la relación jurídico-procesal aún no está constituida.

Voluntad popular

En una declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha lanzado un mensaje de acatamiento a la decisión del TC, en la misma línea que ayer siguieron la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet y del Senado, Ander Gil, así como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Pero además Sánchez ha señalado que la democracia española tiene mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. "Ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro, que el de la ley y el cumplimiento de la Constitución", ha trasladado.

De este modo ha afirmado que aunque no comparta la decisión del Alto Tribunal el Gobierno acatará la resolución adoptada ayer "por la actual mayoría conservadora del TC", según ha precisado. Sin embargo, a renglón seguido ha avisado de que, conforme a la Ley y a la Constitución, adoptarán las medidas necesarias "para poner fin al injustificable bloqueo" del Poder Judicial y del TC "para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones de 2019", ha añadido.

El presidente ha afirmado que el Gobierno "garantizará el estricto cumplimiento" de la Ley y de la Constitución y ha subrayado que la democracia "requiere respeto a la ley y a la voluntad popular" de la que deriva la legitimidad de todos los poderes del Estado, "también la del Poder Judicial", según ha apostillado.

Críticas al PP

Durante su intervención, Sánchez ha cargado contra el PP al señalar que la situación "inédita" vivida en la noche del martes tiene su origen en la decisión del PP que "cuando perdió las elecciones decidió incumplir el mandato constitucional", según ha lanzado, para bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional con el propósito de "mantener una composición más favorable para su orientación", según ha sostenido.

En la misma línea ha señalado que los distintos pretextos y excusas que a su juicio han esgrimido las distintas direcciones nacionales del PP para no llevar a cabo esta renovación, demuestran que su único propósito es mantener "por medios espurios" un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas.

A juicio de Sánchez la situación se ha ido agravando a los largo de los años hasta desembocar en la resolución adoptada este martes, que ha calificado como hecho muy grave ya que por primera vez se ha impedido a los parlamentarios ejercer sus funciones de representación, debate y legislación.

Así ha afirmado que comprende la "indignación de muchos demócratas" que se hayan sentido vulnerados en un principio básico de la soberanía así como la "preocupación" de los ciudadanos "que contemplan desconcertados un choque institucional tan grave y tan inédito", puesto que no tiene precedentes en la historia democrática de España ni de los países del entorno europeo, según ha apuntado Sánchez.