La Junta modifica la ley para que las fundaciones públicas puedan extinguirse cuando sus fines sean asumidos por la Administración

La Junta regulará el proceso de extinción y liquidación de las fundaciones públicas, como la fundación Anclaje, Serla o Castilla y León (antigua Villalar) e introduce la posibilidad de que puedan extinguirse y liquidarse este tipo de organismos cuando la propia Administración general de la Comunidad o las demás entidades del sector público autonómico asuman los fines fundacionales de estas instituciones, según se recoge en el borrador de Ley de Medidas tributarias, financieras y administrativas que aprobará el Consejo de Gobierno en las próximas semanas y al que ha tenido acceso la Agencia Ical.

En la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, se recoge no obstante que corresponderá acordar la extinción de estas fundaciones a su patronato y establece un régimen especial para la liquidación de ellas mismas que contempla la cesión e integración global de todo el activo y el pasivo en la Administración general de la Comunidad, "que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones". No obstante, contempla que puedan devolverse a sus donantes los bienes aportados por entidades ajenas al sector público autonómico.

El Gobierno autonómico justifica esta reforma en que la actual ley 13/2002, de 15 de julio, incluye una referencia a la creación de fundaciones públicas, pero no incorpora "regulación alguna sobre su extinción y liquidación".

La reforma surge en un contexto en el que el viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Óscar Villanueva, tenía el encargo del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de estudiar la estructura del departamento y plantear una nueva organización que "aunara criterios de gestión moderna orientada a la máxima eficiencia con el ahorro y la eliminación del gasto superfluo". En este sentido, Villanueva presentó este viernes su propia dimisión, dado que su propia propuesta recoge la desaparición del área que dirigía en el organigrama de la Consejería, toda vez que sus funciones quedan absorbidas por la nueva estructura que plantea.

SUBVENCIONES

El borrador, conocido por Ical, se estructura en tres títulos, seis capítulos y 20 artículos y modifica diversos ámbitos tributarios, financieros y administrativos. En el ámbito de las subvenciones públicas se establecen que las ayudas a la contratación de trabajadores en sectores económicos en crisis estén exentas de la libre concurrencia y se establecen líneas de subvenciones para empresas que presenten expedientes de regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada por causas técnicas, económicas, organizativas, de producción, por causa de fuerza mayor o por estar en procesos de crisis con el acuerdo de los trabajadores. Estas ayudas también se podrán conceder a los trabajadores afectados por ERTE.

Asimismo, se establecen otras líneas de subvenciones para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, que se justifica en la necesidad de "garantizar la rápida adopción de medidas de mejora en este área"; para los mercados municipales de abastos y para el comercio minorista de proximidad para ayudar al sector ante la "drástica caída de ingresos durante los dos últimos años, situación que se ha visto agravada en el presente ejercicio por la escalada de precios".

En el ámbito financiero, se introducen algunas novedades como la posibilidad de que los remanentes de tesorería se utilicen para financiar gastos producidos en situaciones excepcionales sin la limitación del objetivo de déficit.

CONTROL DEL GASTO

También, se refuerza el papel de la intervención general de la Comunidad y de la Consejería de Hacienda en el control del gasto. Así, se obliga a los órganos gestores de los distintos programas del presupuestos que realicen un balance de resultados y un informe sobre el cumplimiento de los objetivos fijados con la realización de ese gasto. Cada Consejería deberá elaborar un plan de acción que determine las medidas concretas que adoptará para subsanar las debilidades, deficiencias, errores o incumplimientos relevantes que se deriven de los informes de control financiero y auditoría que realiza la Intervención General. Por último, el informe anual de la Intervención, que presentará el titular de la Consejería de Hacienda, debe recoger el estado de la corrección de las deficiencias o incumplimientos que se detecten, así como los resultados de otras actuaciones de control como el referido a las ayudas y subvenciones públicas o de los fondos europeos.

Junto a otras medidas, en la ley de acompañamiento se liberaliza también el mercado de las máquinas tragaperras, es decir, las máquinas de juego tipo B. El Ejecutivo autonómico justifica esta medida en que existe una falta de demanda de este número de aparatos en el mercado por lo que "no es necesario mantener la limitación del número de autorizaciones de explotación en 17.108". El texto señala que el sector se encuentra saliendo de la crisis derivada del coronavirus y necesita medidas para su impulso y activar, de este modo, la economía de la Comunidad.