El Gobierno ha plasmado por escrito su apoyo a la ley aprobada en el Parlamento catalán que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas y además se ha comprometido a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan tanto oral como escrito en catalán a quien lo solicite.

Así lo recoge el acuerdo para la protección de esta lengua alcanzado por el Ejecutivo y el Govern tras la mesa de dialogo celebrada este miércoles. Además, se abre la puerta a revisar en esta legislatura el reglamento del Senado para que los parlamentarios puedan utilizar todas las lenguas cooficiales en sus intervenciones en la Cámara Alta.

El Gobierno también va a solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso y facilitará la incorporación de miembros de la Generalitat en las delegaciones a foros internacionales que traten políticas lingúisticas. Así queda recogido en el texto pactado por ambos gobiernos, que también alcanzaron otro acuerdo para "superar la judicialización".

El ministro Bolaños ha explicado, en materia lingúistica, que la protección del catalán es una obligación y, en consecuencia, se garantizará que todos los alumnos tengan su pleno conocimiento al igual que el español. De esta forma, el Gobierno Central reconoce la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua en función de su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament, según destacó Bolaños. Esta norma ignora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece un mínimo del 25% de clases en castellano. A este respecto, el ministro ha elogiado dicha ley al señalar que es un "muy buen ejemplo" de los acuerdos amplios y transversales que defiende el Gobierno. Asimismo ha sostenido que es una norma "perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario", según ha expresado.

Sin embargo, el TSCJ señaló a principios de este mes que ve "vicios de inconstitucionalidad" en la ley y anunció que presentaría una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Advirtió además de la "imposibilidad legal" de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza. 

Por su parte, la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, ha celebrado este acuerdo al indicar que el catalán es un tema esencial y nuclear para la sociedad catalana que está viviendo un proceso de judicialización y está siendo cuestionado "por parte de diversos sectores", ha apuntado. Por tanto ha subrayado que el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat incluye el apoyo "al marco normativo vigente" que aprobó recientemente el Parlament. En esta misma línea ha afirmado que el Gobierno "entierra el recurso sistemático a la batalla judicial contra el modelo educativo en Cataluña", según ha expresado.