El Gobierno ha puesto en marcha el plan que permitirá movilizar 6.000 millones de euros en préstamos y avales a promotores inmobiliarios públicos y privados para la construcción de 43.000 viviendas de alquiler asequible.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido en la sede del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la firma de los convenios con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), necesarios para desplegar esta financiación procedente de los fondos europeos, publica EFE. 

Se trata de fondos vinculados a la adenda o actualización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que se creó una nueva línea de préstamos de 4.000 millones para ampliar el parque público de vivienda, a la que se suma otra línea de avales ICO para estos préstamos por un importe de 2.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado.

Sánchez ha recordado que el objetivo es impulsar la promoción de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social o asequible, por un periodo mínimo de 50 años, a través del nuevo Plan de Facilidad para la Promoción de Vivienda Social.

También ha renovado su compromiso de investidura de incrementar el parque público en 180.000 viviendas, tras asegurar que a día de hoy hay más de 80.000 de ellas en diferentes fases de desarrollo.

El presidente del Gobierno, que ha hecho hincapié en que quiere convertir este mandato en la "legislatura de la vivienda", ha destacado la importancia de este impacto inversor para evitar que la vivienda se convierta en un cuello de botella que lleve a la restricción del crecimiento económico y la creación de empleo.

Asimismo, ha subrayado que el suyo es un gobierno "absolutamente convencido de la colaboración público-privada" y ha sostenido que esta financiación va a "permitir a promotores públicos y privados acceder a recursos financieros en cantidad y calidad suficiente".

Ha reclamado además, prosigue EFE, que la construcción de estas viviendas se haga con criterios de eficiencia energética que anticipen a España en el objetivo de neutralidad climática 2030, para que el país siga siendo un referente europeo en transición energética.

Un drama para los jóvenes

Tras apuntar que la vivienda es el segundo problema de los españoles en el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), Sánchez ha señalado que la falta de vivienda asequible o el impacto de la renta o de la cuota hipotecaria "son un drama que impide a los jóvenes tomar las riendas de su vida y emanciparse o que devora casi la mitad de la nómina en uno de cada tres hogares de alquiler".

Ha recordado que la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Layen, certificó recientemente la "crisis de vivienda" que vive la Unión Europea y ha criticado que haya "quien se escude en las competencias para ignorar lo que debería ser de incumbencia para todas las administraciones".

Sumar pide que la gestión sea pública

Su socio de gobierno, Sumar, ha propuesto que la gestión de estas 43.000 viviendas, una vez construidas, se realice "directamente desde la administración pública, tanto desde agencias municipales como autonómicas que tienen competencias para ello".

Para el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, esto garantizaría "alquileres a precios asequibles, de unos 400 euros mensuales, que no sirvan para hinchar más todavía el mercado".

Además permitiría una gestión "de manera real, vinculada a los barrios, con un buen mantenimiento", ha señalado el diputado, tras compartir con el presidente la importancia de promocionar 43.000 viviendas que ayuden a que el parque público pase de representar el 2,4% al 9,5% de los países del entorno.

Copia del PP

Para el PP, Sánchez ha pasado de utilizar la política de vivienda como "comodín electoral" a emplearla para "tratar de tapar la imputación de su mujer".

Fuentes 'populares' resumen a EFE la gestión del Gobierno en materia de vivienda en "el precio más caro visto hasta ahora" y entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas al año relacionados con la ocupación ilegal.

También defienden que el alquiler asequible es el "modelo del PP" que promueven desde hace años comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Valencia, frente a la "copia" del PSOE.