La Junta de Castilla y León y las OPA de la región calculan que el año pasado se registraron 3.558 ataques de lobos, con el resultado de 5.566 cabezas de ganado muertas. Según las estimaciones de la Junta, son un 9% más de las registradas en 2022 y un 30% más que en 2021, año en que el Gobierno añadió al lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), vetando en la práctica su caza.

El 52% de las cabezas muertas se corresponden con ganado vacuno (2.889 reses), concentrándose estos daños fundamentalmente en las provincias de Ávila y Segovia, con 1.406 y 707 cabezas muertas, respectivamente. A continuación, el ganado ovino representa el 40% de las cabezas muertas (2.205 reses), distribuidas fundamentalmente entre las provincias de Zamora, con 743 animales muertos, Burgos, con 498, y Segovia, con 338.

El equino, con 298 animales muertos, representa el 5% de las bajas, distribuidos fundamentalmente por la cordillera cantábrica, en las provincias de Palencia, Burgos y León, con 98, 94 y 85 respectivamente. Por último, los daños sobre ganado caprino suponen el 3% del total, con 158 bajas. A excepción de Salamanca todas las provincias de Castilla y León presentan un incremento continuado de daños respecto de las estadísticas del año 2021.

Datos por provincias

Por provincias, Ávila aglutina el 30% de las cabezas muertas para todo Castilla y León, con 1.652, y un incremento de daños respecto del año 2021 del 11%. A continuación, las provincias de Segovia, con 1.062 reses muertas, y Zamora, con 988, representan el 19% y 18%, respectivamente, de las cabezas muertas. El incremento de los daños en estas provincias respecto de 2021 supone un aumento del 23% para Segovia y del 11% para Zamora.

Burgos registra 697 animales muertos, el 13% del total y siete veces más respecto al año 2021. Otras provincias como Soria o Palencia, también han duplicado los daños, pasando en Soria de 71 reses muertas en 2021 a 162 en 2023, y en Palencia de 168 en 2021 a 343 reses en 2023.

La gran salvedad es Salamanca, donde se comprueba una reducción de los daños respecto de 2021, pasando de 356 reses muertas a 70.

El importe de las indemnizaciones ha sumado 3,45 millones de euros, de los cuales 2,47 se han correspondido con pagos compensatorios y 0,98 por responsabilidad patrimonial en ejecución de sentencias de daños de los años 2020 y 2021.

En este sentido, la nueva normativa de pagos compensatorios aprobada en el año 2023, por la que se regulan los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas en Castilla y León, ha permitido la compensación de los daños al norte del río Duero con carácter retroactivo.

"Situación límite"

A la vista de estos datos, tanto el Gobierno regional como las Organizaciones Profesionales Agrarias han vuelto a dejar constancia de esta "situación límite", apuntan desde la Junta, que insta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a que derogue la orden que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

También solicitan que se flexibilice la gestión del lobo asegurando el mantenimiento de la especie "en un estado de conservación favorable". Estas cuestiones ya fueron solicitadas a la ministra en una carta conjunta de la Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias remitida el 18 de enero de este año "y que a fecha de hoy sigue sin dar respuesta".

En este sentido, cabe recordar que el Parlamento Europeo se pronunció en el año 2022 proclamando su "preocupación" por los daños que producía el lobo a distintos intereses comunes agrícolas, ganaderos e incluso a las personas, e instó a la Comisión Europea a que hiciera algo al respecto.