El Hotel Vincci de Valladolid ha acogido este lunes la jornada 'El modelo de transporte de viajeros en Castilla y León' organizada por TRIBUNA Grupo. En ella, se han tratado los diferentes retos y oportunidades a las que se enfrenta el sector del transporte en la Comunidad Autónoma. La encargada de moderar esta mesa redonda, compuesta por José Luis Sanz Merino como Consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, y Fernando García, como presidente de Facylbus, ha sido la periodista Sara Martín.

Ambos ponentes consideraron como "positivo" el anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de implementar la gratuidad total del transporte público para los residentes de la Comunidad Autónoma. El consejero de Movilidad y Transformación Digital lo considera un paso a delante para "propiciar y apoyar el transporte público, para así garantizar y mejorar la conectividad de todos los ciudadanos, logrando una equidad entre el ámbito rural y urbano".

Sanz Merino explicó como dicha medida "lucha contra la despoblación y la discriminación" ya que será efectiva para todos los empadronados en Castilla y león. Por su parte, Fernando García, presidente de la Federación de Castilla y León de Transporte en Autobús, calificó de "acertada" dicha implementación, asegurando que "todo lo que sea fomentar el transporte de los ciudadanos y acercar el autobús al viajero, es positivo".

El consejero resaltó que la Comunidad, con más de 5.500 núcleos de población, enfrenta un reto significativo en garantizar la conectividad de todos sus ciudadanos, un desafío que se aborda gracias a la colaboración con los operadores y con el uso de tecnologías avanzadas. Esta gratuidad "se implementará de forma progresiva", comenzando previsiblemente este verano con ciertos grupos de usuarios de transporte metropolitano para probar la tecnología necesaria y poder ponerla en marcha en "el resto de transporte interurbano".

El sistema se basará en la verificación del empadronamiento en Castilla y León a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) para la expedición de un título de transporte, "ya sea una tarjeta física o a través del teléfono móvil, similar al sistema utilizado en el bono rural a la demanda", ha expresado el consejero en la mesa redonda.

Sin embargo, dicha medida presenta "desafíos técnicos y económicos" que "deberán abordarse en colaboración con los operadores".  Fernando García  reconoció la necesidad de trabajar conjuntamente para garantizar que las empresas puedan facturar mensualmente los servicios prestados y evitar problemas operativos. El presidente de Facylbus señaló la importancia de analizar la "compensación por la minoración en la venta de billetes" que supondrá la "gratuidad para las empresas", sugiriendo la posibilidad de un "contrato de servicios".

Paradas

La principal fuente de incertidumbre para el sector en Castilla y León proviene de la Ley de Movilidad Sostenible que se tramita a nivel nacional. Tanto la Junta como Fecylbus han expresado su "preocupación por la intención del Ministerio de Transportes de transferir a las comunidades autónomas trayectos y paradas con menor número de usuarios, mientras que el Estado se quedaría con las líneas más rentables". Sanz Merino calificó esta propuesta como "ciertamente ventajista" impacto "letal" que podría tener para la conectividad en una comunidad como Castilla y León, donde el "20% de la población reside en el medio rural".

El consejero expreso durante la mesa redonda que "cualquier persona, viva donde viva, tiene derecho a la movilidad".

Desde la Junta estiman que "asumir la atención de las 474 paradas que podrían ser transferidas supondría un coste de 25 millones de euros anuales". Sanz Merino defendió que, en términos de "justicia y equidad", la financiación de estas competencias debe correr a cargo del Estado, "tal como establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

Criticó la propuesta inicial del gobierno central de financiar con 25 millones de euros durante dos años a todas las comunidades autónomas, considerándola una "inequidad tremenda".

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a "paralizar la tramitación de su propio mapa de transportes", dada la necesidad de que exista una "perfecta conexión entre el mapa estatal y los mapas autonómicos". Sanz Merino lamentó la falta de diálogo y la no convocatoria de la conferencia sectorial por parte del Ministerio, impidiendo un debate necesario sobre esta cuestión.

Billete único nacional

Otro elemento de incertidumbre es el  anunciado billete único nacional. Si bien tanto el sector como la Junta ven con buenos ojos cualquier medida que facilite el uso del transporte público, "existe una gran falta de información sobre su desarrollo, financiación y modelo de gestión". García señaló que, más allá del anuncio, no se conocen los detalles de cómo se implementará, cómo se compensará a los operadores y si será de adhesión voluntaria para las comunidades autónomas. Sanz Merino coincidió en la "falta de información", a pesar de algunas precisiones ofrecidas recientemente en un foro en Sevilla, e insistió en la necesidad de contar con las comunidades autónomas para su puesta en marcha.

A pesar de las incertidumbres a nivel nacional, desde la Junta de Castilla y León se muestran decidido a avanzar con su plan de gratuidad, apostando por la "colaboración público-privada y el uso de la tecnología" para superar los retos. Sanz Merino subrayó el carácter "dialogante y lealmente colaborador" de la Junta con el sector, buscando soluciones que beneficien tanto a los ciudadanos como a las empresas.

Finalmente, durante el desayuno informativo también se recordó una "demanda histórica de algunas provincias de Castilla y León: la liberalización del peaje de la AP-6", una reivindicación de equidad con otras zonas que acceden a Madrid por carreteras nacionales sin coste.