La Junta ha convocado una nueva reunión del grupo de trabajo y ponencia técnica especializada de Talento y Formación
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Los procuradores críticos con la dirección de Vox expulsados del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, han denunciado este miércoles la visión "privatista, presconstitucional y absolutista" que su exgrupo tiene de la representación parlamentaria.
En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por EFE, ambos procuradores, ahora no adscritos, han señalado de que han recurrido sus expulsiones del grupo parlamentario y del partido, ya que la notificación que recibieron del comité de garantías de la formación está basado en un documento que tiene "vicio de nulidad insuperable", porque "iba sin firma", ha argumentado Teira.
La expulsión del grupo Vox estuvo motivada, como ha incidido Teira, en este documento del comité de garantías sin firma, un "anónimo" que le llegó primero a través de un mensaje de un periodista, ha confesado el crítico con la dirección de Vox.
Por todo ello, ambos han considerado que su expulsión de Vox es "improcedente" hasta que no les justifiquen con argumentos por qué se les retira su militancia.
Sobre su plataforma 'RecuperaTuVox', ambos procuradores han asegurado que cuentan con el apoyo de concejales y alcaldes de muchos municipios de Castilla y León y de fuera de la Comunidad pues son "múltiples y numerosas" las situaciones similares a la acontecida en el Ayuntamiento de Salamanca, donde dos ediles de Vox han denunciado un "uso indebido" de los fondos asignados al grupo municipal.
Por todo ello, estos procuradores críticos con la dirección de Vox, que han afirmado que ellos no son los "líderes de nada", han retado al presidente de la formación, Santiago Abascal, a acudir a Castilla y León o a Salamanca a afirmar, como han hecho miembros de la dirección del partido, que ellos han actuado con "deslealtad y discreción" en sus críticas internas al demandar más democracia interna.
Finamente, Teira y Hernando han denunciado el "castigo" al que les ha sometido las Cortes de Castilla y León, presididas por Vox, al asignarles a dos comisiones parlamentarias, de donde provienen sus emolumentos como procuradores en forma de dietas, que hace más de tres años que no se convocan.
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