El acuerdo del Gobierno con Junts sobre el impuesto a la banca golpea las cuentas de Castilla y León

Los criterios de distribución de la recaudación del impuesto a la banca atendiendo al Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas resta un 18 por ciento a la cuantía que le correspondería a Castilla y León si este reparto se produjera de acuerdo con el sistema de financiación autonómica, que es el modelo empleado hasta ahora, según los cálculos realizados por la Consejería de Hacienda. Esta nueva distribución fue acordada por el Gobierno con los diputados independentistas de Junts para poder sacar adelante parte de su paquete fiscal que incluye una nueva imposición a las entidades financieras. Precisamente, Cataluña será junto con Madrid la gran beneficiada de los nuevos criterios.

En concreto, a partir de la ponderación de distintas variables, como la dispersión o el envejecimiento de la población, el sistema de financiación autonómica ahora en vigor sitúa la población ajustada en Castilla y León en el 5,8 por ciento, lo que implica que a la Comunidad llegue ese porcentaje tanto en los fondos derivados del modelo (entregas a cuenta) como en el reparto de otras cantidades que el Gobierno dispone para los territorios. Sin embargo, el PIB de las nueve provincias representa el 4,77 del conjunto nacional, lo que implica un punto menos de ponderación y, con ello, una disminución del 18 por ciento en los fondos que llegarían con el criterio de financiación autonómica.

La nueva distribución del impuesto, que espera recaudar 1.720 millones de euros, beneficiará especialmente a Cataluña y perjudicará en distinto grado a once autonomías de régimen común, aunque muy especialmente a Andalucía. También obtendría más fondos Madrid y en Islas Baleares y La Rioja el efecto será neutro, siempre según el estudio realizado por la Junta conocido por Ical.

En concreto, la Generalitat catalana verá aumentada las transferencias de este impuesto un 32,6 por ciento, respecto con lo que le correspondería con el sistema de financiación, ya que su PIB supone el 19,5 por ciento del nacional, mientras que su población ajustada pondera en el 14,7 por ciento. En el caso de Madrid, la diferencia de recaudación sería del 10,4 por ciento por la diferencia entre su Producto Interior (19 por ciento) y su población ajustada (17,2 por ciento).

En el vagón de los perdedores, sale claramente perjudicada Extremadura, que verá reducidas sus cuantías un 32 por ciento ya que, mientras que con el modelo de financiación recibiría un 2,5 por ciento de los fondos, con el muevo modelo recibirá únicamente un 1,7 por ciento. Le siguen en porcentaje de reducción de fondos Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha, con en torno al 28 por ciento. Murcia y Asturias perderían el 21 por ciento y Galicia, un 20 por ciento, mientras que en la Comunidad Valenciana y Cantabria sería de en torno al 15 por ciento. Aragón sólo vería disminuidas sus expectativas en un 3 por ciento.

Desde la Junta de Castilla y León explican a Ical que esta nueva distribución "ahonda en las desigualdades entre las comunidades autónomas, beneficia a las más ricas, entre las que se encuentra Cataluña, y no tiene en cuenta las necesidades de gasto de cada territorio fijadas en la población ajustada del sistema de financiación autonómica".

En este sentido, la Consejería de Hacienda denuncia que los criterios de reparto se han negociado de forma bilateral y no en los foros establecidos y señala que el nuevo reparto "perjudica a todas aquellas comunidades cuyas necesidades de gasto son superiores a su PIB, entre las que se encuentran las regiones con desafíos demográficos", lo que implica "quebrar el principio de solidaridad y de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a unos servicios públicos de calidad, vivan donde vivan".