El Supremo ordena a la Guardia Civil registrar el despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Guardia Civil la entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está imputado por la presunta filtración de datos confidenciales de un caso que atañe a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González.

La orden del TS incluye requisar los dispositivos electrónicos y documentos que puedan acreditar ese delito. En el auto, avanzado por El Mundo y al que ha tenido acceso EFE, el juez reclama a los servicios de la Fiscalía que identifiquen todas las cuentas de correo electrónico de García Ortiz. El magistrado ha decretado además el secreto del sumario por el plazo un mes.

Esta misma mañana, además, el Tribunal Supremo ha requerido a Álvaro García Ortiz que designe abogado en la causa abierta contra él. Después de que el Alto Tribunal abriese un procedimiento penal contra él hace un par de semanas, el magistrado instructor, Ángel Hurtado, da el siguiente paso e incoa diligencias previas para poner en marcha la investigación y "confirmar o descartar los indicios" existentes. García Ortiz podría solicitar los servicios de la Abogacía del Estado, informa EFE.

Por el momento, Hurtado deja pendiente de decidir si acepta las últimas diligencias solicitadas por el empresario y pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que es acusación particular en la causa, y que ha reclamado en varias ocasiones que se acceda a los correos electrónicos de la cuenta personal y profesional del fiscal general del Estado entre el 5 y el 18 de marzo de 2024.

González Amador solicita los correos electrónicos relacionados con el acuerdo de conformidad que su abogado propuso a la Fiscalía y en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros a cambio de no ir a juicio.

El magistrado decidirá próximamente si accede o no a esta petición, y hará lo mismo respecto a la reclamación del autodenominado sindicato Manos Limpias, que también figura como acusación, y que solicitó la suspensión cautelar de funciones del fiscal general.

La causa del Supremo contra García Ortiz nació en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde el empresario González Amador presentó una querella contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que le ha investigado por la difusión de una nota de prensa que aclaraba extremos sobre su investigación por presunto fraude fiscal.

El fiscal general asumió la responsabilidad de esa nota de prensa, que justificó en la obligación del Ministerio Público de informar y en la necesidad de desmentir un bulo, y el TSJM derivó la investigación al Supremo.

El Supremo no ha visto delito en la difusión de ese comunicado, pero sí quiere indagar en la filtración de los correos entre la defensa del empresario y la Fiscalía, en los que el primero ofrecía un pacto al fiscal.