UGT Servicios Públicos de Salamanca califica como "política antidemocrática y poco transparente" la que está llevando a cabo el alcalde de Sotoserrano en cuestiones laborales, que ha derivado en "una persecución clara, burda y sin miramientos tanto hacia el secretario de este Ayuntamiento como hacia una administrativa".

En estos momentos, desde UGT Servicios Públicos de Salamanca se niega, de manera rotunda, que estos dos funcionarios "se encuentren en una situación de expediente disciplinario", toda vez que no ha recibido notificación alguna en ese sentido.

Es más, señalan que en el caso del secretario interventor, que desempeña su función en otros dos municipios de la Sierra de Francia, no puede realizar su trabajo en el Ayuntamiento de Sotoserrano debido que el alcalde "se lo impide de forma constante y reiterada, vulnerando derechos fundamentales amparados por la Constitución Española como el derecho al trabajo".

Además, UGT Servicios Públicos denuncia, de manera pública, que desde el mes de enero de 2024 el alcalde de Sotoserrano realiza "una auténtica persecución hacia los dos funcionarios". De manera concreta, el alcalde "invade de forma constante el lugar físico de trabajo de ambos funcionarios, ocupando su silla y mesa, para impedir que desempeñen su trabajo".

En el caso concreto de la administrativa, esta funcionaria se encuentra en situación de baja temporal -la segunda vez en menos de seis meses- derivada "de la persecución constante por parte del alcalde. Es más, la ha intentado desplazar a otro puesto de trabajo y a otro edificio municipal para aislarla de sus compañeros".

En la mañana del 19 de agosto, según pudo constatar la Guardia Civil, el secretario acudió a su puesto de trabajo y el alcalde, sentado en su mesa y silla, se lo impidió, reconociendo en presencia de los agentes de la Guardia Civil, que él mismo ha precintado los ordenadores del personal del Ayuntamiento.

Dos días después, el 21 de agosto, el secretario intentó volver a su puesto de trabajo, y delante de miembros de UGT Servicios Públicos, el alcalde se lo volvió a impedir, reafirmándose en no devolver los equipos informáticos al personal funcionario y ocupando espacio físico (mesa y silla) del funcionario, teniendo que abandonar su puesto después de que el regidor reconociera que no lo dejaba trabajar en ese Ayuntamiento.

Miembros de UGT Servicios Públicos han tenido reuniones con el alcalde de Sotoserrano para que cese en su conducta acosadora sobre dichos funcionarios.

UGT Servicios Públicos también recuerda que el alcalde, sin consentimiento expreso de los afectados, cedió, en enero de 2024, datos de carácter protegido ante cientos de personas que estaban presentes en una reunión con el pueblo, haciendo público el salario neto de los funcionarios. Por ello, fue denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Por todo ello, estos funcionarios se reservan la posibilidad de iniciar medidas legales contra el alcalde por lanzar mentiras e informaciones injuriosas.