Las nuevas normas mortuorias de Castilla y León prohibirán depositar urnas o cenizas en espacios públicos

La Consejería de Sanidad suprimirá el plazo obligatorio de espera de 24 horas para poder desplazar un cadáver y fijará una distancia mínima de 100 metros entre un cementerio de nueva construcción y sus ampliaciones de un suelo urbano o urbanizable de uso predominante residencial. Además, prevé situaciones como la del Covid-19 a la hora de los enterramientos, y ante el elevado numero de incineraciones, prohibirá depositar urnas o esparcir cenizas en espacios públicos.

El nuevo decreto por el que se regulará la policía sanitaria mortuoria en Castilla y León, al que ha tenido acceso Ical, actualizará a la norma de 2005 y adaptar la normativa a la nuevas realidad. Por ejemplo, tras la pandemia, prevé que ante graves anormalidades epidemiológicas o catástrofes la autoridad sanitaria podrá autorizar enterramientos sin féretro.

Ubicación de los camposantos

El texto, al que ha tenido acceso Ical, recoge expresamente que en las ampliaciones de cementerios existentes próximos a los núcleos de población de menos de 200 habitantes, la distancia a las construcciones residenciales previas puede reducirse hasta un mínimo de 25 metros (100 metros en el resto de municipios). Eso sí, en todos los casos obligará a que los nuevos cementerios o ampliaciones se hagan sobre terrenos geológicamente idóneos y no permitirá enterramientos a menos de 50 metros de cualquier curso de agua ni de 250 metros de cualquier surgencia de agua, manantial, pozo o sondeo no canalizado que sea utilizado para abastecimiento.

El decreto sigue los pasos de la 'Guía de Consenso en Sanidad Mortuoria', evaluada por todas las comunidades autónomas en el marco de la ponencia de Sanidad Exterior-sanidad mortuoria, y aprobado por la Comisión de Salud Pública en 2018.

Respecto a los nuevos hornos crematorios, la normativa fija que se ubiquen en cementerios o en edificios para uso exclusivo funerario y actividades afines o complementarias. Cuando se trate de ese uso exclusivo, obligará a que no haya a menos de 200 metros, medidos a partir del foco de emisión que constituye la chimenea del crematorio, edificios residenciales, centros sanitarios, educativos, parques infantiles, instalaciones deportivas, lugares de trabajo o cualquier otra instalación o edificio de estancia residencial o temporal.

Nueva clasificación de cadáveres

El decreto establece una nueva clasificación de los cadáveres en función de la causa de defunción y a efectos sanitarios, de modo que se pasa de dos a tres grupos. Esta clasificación determina los féretros que se deberán usar, las técnicas y prácticas de tanatopraxia y los requisitos para su desplazamiento. En concreto, en el grupo I incluye aquellos que presentan un riesgo para la salud pública y/o profesional debido a que la persona fallecida padecía una enfermedad infectocontagiosa como cólera, fiebre hemorrágica, Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas, difteria y peste, entre otras.

En el grupo II incorpora los cadáveres que presentan riesgo radiológico por la presencia en los mismos de sustancias o productos radiactivos, de modo que se tendrán que someter a la normativa sobre seguridad nuclear. Y por último en el grupo III se recogen los que no presentan riesgos.

Figura del tanatopractor

En cuanto a la tanatopraxia, que es el conjunto prácticas que se realizan sobre los cadáveres, regula de una manera más integral estas prácticas, y reconoce la figura del tanatopractor, de modo que estos profesionales, con título acreditado de FP, podrán realizar las prácticas de conservación transitoria y embalsamamientos que hasta la fecha sólo pude hacer un médico. 

El decreto suma también como novedad un glosario con todas las definiciones reflejadas en la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria nacional. Además, fija los criterios para proceder a la exhumación de un cadáveres y los supuestos de uso de cadáveres y restos humanos para fines docentes. Así, podrán donar su cuerpo aquellas personas que lo hayan expresado por voluntad propia y, en su defecto, cuando sus cuerpos sean cedidos por familiares.

También, cuando una persona muera y sus familiares o cercanos no la reclamen en el plazo de 72 horas desde la defunción, siempre que la causa esté certificada, no medie instrucción judicial y no conste oposición expresa, su cuerpo podrá ser donado a la ciencia. En el caso de las criaturas abortivas y según la normativa vigente, los fetos se considerarán aptos para la investigación y docencia, según el borrador del decreto.