El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox) presentarán las cuentas que han pactado para el presente 2024 y en las que plasman, con cifras, sus prioridades políticas y dirimen las diferencias que existen sobre determinados temas.

Presupuesto clave

Un sinfín de preguntas y respuestas pueden inspirar la presentación de unos presupuestos que, casi en el ecuador de la legislatura, son clave para el devenir de lo que resta de mandato al Gobierno de coalición, en alerta siempre sobre la duración de una unión que, como ocurrió en la anterior legislatura, depende de la potestad exclusiva del presidente de la Junta para convocar elecciones cuando lo estime oportuno.

Representantes de unos y otros partidos reconocen que estas cuentas son la piedra angular de esta legislatura. ¿El motivo? El escenario que se le abre a Mañueco cuando las Cortes de Castilla y León aprueben definitivamente las cuentas en un par de meses, previsiblemente con los votos de PP y Vox, implica que manejará los tiempos de la legislatura sin la presión de tener que negociar unos nuevos presupuestos para 2025.

Cuando después del verano los socios de gobierno tengan que volver a entablar conversaciones sobre la necesidad de aprobar unas nuevas cuentas para el año próximo, Mañueco contará con el as en la manga de la prórroga presupuestaria, que le permitiría llegar sin problemas hasta principios de 2026 -cuando tocarían las nuevas elecciones si no hay adelanto-.

Una prolongación de la vigencia que, además, tendrá el aliciente de contar en 2024 con los presupuestos más elevados de la historia autonómica de Castilla y León, por encima de los 14.000 millones de euros tras aprobar hace unos días un techo de gasto incrementado en un 4,2 por ciento respecto al de 2023.

Políticamente esta baza es relevante, porque Mañueco no tendrá que ceder ante exigencias de Vox que no concuerden con sus intereses, algo que a medida que se acerque el final de la legislatura se acentuará previsiblemente, dado que el partido de García-Gallardo tendrá necesariamente que intentar diferenciarse con el PP.

La tensión electoral

Esta relación entre los socios de gobierno se tensa cada vez que hay una contienda electoral. Ocurrió en las municipales y las generales de 2023, con unos líderes nacionales (Feijóo y Abascal) lanzándose puyas para ganar cuota de voto; ha ocurrido con las gallegas que se celebran mañana mismo y ocurrirá, incluso con más énfasis, en las elecciones europeas del 9 de junio próximo.

Un repaso por el perfil de las redes sociales del propio García-Gallardo da una idea de que es en estos momentos electorales en los que más se afana en marcar diferencias con el PP: la Agenda 2030, los reproches a los "burócratas de Bruselas" y, recientemente, también las críticas a Feijóo sobre los cambios de postura sobre la amnistía y los indultos por el 'procés' catalán son algunos ejemplos de esa tensión, que, no obstante, tratan de aislar respecto a la relación con el PP de Mañueco.

No faltan oportunidades en el horizonte para que el PP, ya sea con una decisión nacional o en sus distintos gobiernos autonómicos coaligados con Vox, tengan la tentación de sumarse a alguna de las convocatorias electorales que se avecinan en España en los próximos meses, visto que la convocatoria aislada de las elecciones en Castilla y León no tuvo el efecto esperado por Mañueco en 2022.

Europeas, vascas, catalanas... Cada una con su matiz, cada una con sus pros y sus contras para el PP de Mañueco de cara a un adelanto en Castilla y León, que actualmente no se vislumbra, precisamente porque acaban de estrenarse las coaliciones PP-Vox en otras comunidades y en numerosos ayuntamientos.

Sin avances en puntos clave del pacto

La aprobación del proyecto de ley de Presupuestos va a llegar sin que el PP y Vox hayan cerrado definitivamente acuerdos en algunos de los puntos más delicados de su pacto de Gobierno: tratamiento de la atención a víctimas de violencia intrafamiliar y su coexistencia con la lucha contra la violencia machista y la derogación de la normativa sobre memoria histórica.

Es el PP el que frena la aprobación de estas normas, consciente de que son iniciativas que generarán debate a nivel nacional y, en buena medida, son enmiendas a la normativa aprobada por los gobiernos de Juan Vicente Herrera (PP), en solitario.

Suyo fue el Decreto autonómico de Memoria Histórica y Democrática (2018) y suya también la decisión de aprobar una Ley contra la Violencia de Género (2010), específica para luchar contra la violencia que sufren las mujeres, mientras que ahora Vox pretende equiparar a todas las víctimas de violencia intrafamiliar, bajo su idea de que la ley deja a los hombres en desigualdad de trato.

También generará fricción entre PP y Vox la anunciada futura ley de Cambio Climático y Transición Energética de Castilla y León, que ha comprometido el actual consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que, desde su mismo título, previsiblemente intentará enmendar Vox.

Está por ver si estas normas, entre otras, serán aprobadas finalmente en esta legislatura o si ocurre como en la anterior, cuando algunas de las reformas pretendidas por Ciudadanos fueron llevadas por delante por el adelanto electoral, con el caso más paradigmático de su reforma sanitaria y la norma de creación de la Oficina Antifraude