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Las 12 sedes judiciales de Castilla y León en las que se acometerán mejoras de la eficiencia energética
La inversión se acometerá en las comunidades autónomas, como es el caso de Castilla y León, en las que el Ministerio gestiona las competencias de Justicia
El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, destina 19.275.066,97 euros para la mejora de la eficiencia energética de doce sedes judiciales en Castilla y León.
Se trata de los juzgados de Villarcayo (Burgos), juzgados de Santa María la Real de Nieva (Segovia), juzgados de Benavente (Zamora), juzgados de Piedrahita (Ávila), juzgados de Burgos, juzgados de León, juzgados de Ponferrada (León), juzgados de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), juzgados de Cuéllar (Segovia), juzgados de Valladolid, juzgados de Puebla de Sanabria (Zamora) y juzgados de Miranda de Ebro (Burgos).
El Ministerio invertirá un total de 59.216.922 euros en obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en diferentes sedes judiciales, ubicadas en comunidades autónomas en las que las competencias de Justicia no están transferidas.
En conjunto, se trata de 34 obras de rehabilitación energética de edificios judiciales que se distribuyen entre Castilla y León (12 edificios), Castilla La Mancha (9), Región de Murcia (4), Extremadura (7) e Islas Baleares (2). Todos ellos fueron elegidos tras una evaluación energética entre todos los juzgados del territorio Ministerio.
La financiación de estas actuaciones de eficiencia energética se basa en el acuerdo firmado en marzo de 2022 con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se inscribe en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Para ser financiables por este Plan, los proyectos deben conseguir un ahorro de energía primaria superior al 30% a través de distintas líneas de actuación. Con el fin de alcanzar esos objetivos, las obras renovarán las superficies de los edificios para conseguir instalaciones de alta calificación energética. Además, se promoverá la implantación de sistemas de autoconsumo de energía solar fotovoltaica o de otras energías renovables que resulten más viables en función de la ubicación, y se fomentará la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos con el objetivo de contribuir a la movilidad sostenible.
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