La ilegalización de partidos que piden el PP y Vox en sus enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía ha vuelto a encender el debate político a menos de una semana de que la proposición de ley vuelva a escena, en esta ocasión en la sede del Senado.

Un día después de que PP y Vox registraran sendas enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía con textos alternativos el Gobierno y sus socios han elevado el tono para avisar de que la reforma del Código Penal que piden los populares es innecesaria porque no existe deslealtad a la Constitución.

"La única deslealtad constitucional que lleva acreditada durante más de 1.800 días es la del PP oponiéndose de forma improcedente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", ha zanjado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras defender que ya existe la ley de partidos.

Una ley cuyo objetivo es garantizar el sistema democrático impidiendo que un partido político pueda atentar contra el régimen democrático de libertades o apoyar la violencia.

Y es que aunque Vox ya había registrado en varias ocasiones iniciativas parlamentarias para ilegalizar partidos políticos, el PP no se había pronunciado sobre ello hasta que en su enmienda a la totalidad ha propuesto que se tipifique el delito de deslealtad constitucional en declaraciones de independencia y referéndum ilegales.

Aboga por la disolución de las personas jurídicas que incurran en esos delitos, incluidos partidos políticos y propone penas que pasan por inhabilitación y cárcel de hasta diez años.

No obstante, los populares han precisado este jueves que no piden disolver un partido político por sus ideas, sino solo si cometen actos delictivos, lo que supone una "gran diferencia" con las iniciativas de Vox.

"Es evidente que en España no se puede perseguir a un partido por las ideas que defiende, pero sí se puede por los actos ilegales que comete", ha puntualizado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

De hecho, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha insistido en que en la iniciativa del PP se ha incorporado algo que ya existe en el Código Penal, que es que las personas jurídicas también tienen responsabilidades penales y, por tanto, no pueden obviarse más allá de las responsabilidades personales en las que pudieran estar inmersos algunos ciudadanos.

"Estamos viviendo durante los últimos años todo un proceso de vaciamiento de nuestro Código Penal en relación a la protección de los valores constitucionales y de la convivencia", ha reiterado mientras Tellado insistía en la pertinencia de crear este delito ahora, "para estar preparados cuando los partidos separatistas catalanes promuevan un referendo".

"Es un atentado directo" a la Carta Magna, ha considerado la portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, en una entrevista en TVE que como partido socio de coalición del Gobierno ve la enmienda del PP más propia a "regímenes autoritarios" que "de la propia democracia".

"Lo que está claro es que no podemos ir en contra de lo que dice nuestra Constitución, que es el derecho a la pluralidad y a la libertad de expresión", ha apostillado, al tiempo que ERC, uno de los partidos que se vería afectado por la enmienda del PP, incide en que celebrar un referéndum no es un delito.

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, cree que el PP da "un paso más en la carrera con Vox hacia el totalitarismo.

Lo cierto es que varios barones del PP han salido en defensa de la ilegalización de partidos que intenten declarar referéndum ilegales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apuntado que ya existe un "acervo constitucional" con Batasuna y ha puesto como ejemplo la democracia alemana, que es capaz de ilegalizar formaciones "cuyo único objetivo es destruir la convivencia".

Por su parte el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, cree que con esa nueva tipificación de delito se "protege a la Constitución".

Un debate que calienta motores de cara a la votación de las dos enmiendas a la amnistía que se celebrará en el Senado la próxima semana debido a que la sesión plenaria se traslada a la Cámara Alta por las obras que hay en el hemiciclo del Congreso.

Sin embargo con toda probabilidad serán rechazadas por una mayoría formada por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG.

Eso sí, antes las enmiendas deben pasar por la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso que se reúne mañana para darlas trámite y que puedan ser enviadas al pleno para su debate.