La Consejería de la Presidencia dio luz verde para comenzar a ejecutar los 27 proyectos de cooperación internacional concedidos durante el 2022. Estas intervenciones, que beneficiarán a alrededor de 255.000 personas ?de las que 146.000 son mujeres y más de 109.000 hombres?, van a suponer una inversión de 3,6 millones de euros.

Las iniciativas van a desarrollarse en once países de tres continentes: Burkina Faso, R.D. del Congo, Guinea Bissau, Tanzania, Senegal, Bolivia, Perú, Nicaragua, Guatemala, el Salvador e India. Los proyectos aprobados pueden tener una duración máxima de 24 meses y son implementados por Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de Castilla y León junto con socios locales, es decir, entidades de cada una de las zonas donde se va a trabajar, con el objetivo de que sean más eficaces y adaptados a las necesidades de los colectivos a los que se dirigen.

Normalmente esos grupos poblacionales son los más vulnerables. De ahí que se dedique una especial atención a las mujeres en situación de pobreza, niños, población campesina y personas desplazadas. También hay que señalar que, tanto en los proyectos de la zona sur de América como en los de África y en India ?único país asiático en el que se interviene? se establecen, como colectivo beneficiario, las comunidades indígenas y rurales por su vulnerabilidad en comparación con las del resto de la población.

Según indica el consejero de la Presidencia "la Junta abona en tiempo y forma los pagos a las ONGDs porque, para el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, las políticas de apoyo a las personas más vulnerables son esenciales". 

"El trabajo que se realiza junto con las ONGD está dirigido a conseguir un presente y un futuro más equitativo, más respetuoso y más sostenible, y para dar cumplimiento a derechos humanos básicos, como la educación, la salud, la alimentación, el acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento, o a la necesidad de tener una vida digna", dijo. 

Asimismo, Carnero aclaró que "el enfoque de género, entendido como la atención preferente a mujeres y niñas en contextos todavía más complicados a los habituales en estos países, adaptando ciertas acciones a sus necesidades específicas, se plantea como un requisito imprescindible para obtener financiación en esta convocatoria".

En las convocatorias de 2022 se financian proyectos a 18 ONGD, de las que cuatro son originarias y con implantación única en Castilla y León, que ya habían desarrollado con anterioridad proyectos financiados con por esta administración, tales como Amycos y Proyecto Rubare ?de Burgos? o Cives Mundi y Tierra sin Males ?con presencia en Soria?. El resto cuentan con delegación en alguna provincia de Castilla y León, siete de ellas con gran presencia nacional, como Fundación Fabre o Trabajo Solidario, y siete de ámbito internacional, como Cruz Roja, Farmamundi o Fundación Musol.

Distribución geográfica y sectorial

Los proyectos en África se centran especialmente en garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento, la seguridad alimentaria y los equipamientos sanitarios básicos. Las intervenciones en Centroamérica también se focalizan especialmente en el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria, igual que en Sudamérica donde, además, se aborda el derecho humano a la educación y el derecho a la alimentación. Las actuaciones en India han incidido en garantizar el derecho a una vivienda digna.

Los países con más proyectos en desarrollo son Bolivia, con seis, y Senegal y Perú, con cuatro cada uno de ellos. El mayor porcentaje de intervenciones concedidas lo concentran los proyectos para garantizar el derecho al acceso al agua potable y el saneamiento, con un 44 por ciento de la financiación. En concreto, cuatro de las actuaciones son en América del Sur, tres en América Central y Caribe, y tres en África Subsahariana.

Dos bloques diferenciados

En el primer apartado se encuentran aquellos proyectos que son aportaciones complementarias a procesos de desarrollo y que ya llevan muchos años en marcha, como por ejemplo, la reconstrucción de muros perimetrales de centros educativos; adquisición de equipamientos para hospitales; rehabilitación de pozos; construcción de letrinas y lavamanos, o la compra de vehículos para que las comunidades que ya tienen garantizada su alimentación puedan conseguir recursos económicos a través de la venta de los excedentes.

En un segundo apartado, estarían los proyectos integrales, de mayor envergadura a nivel sanitario, agrícola o de sistemas de agua y saneamiento, de construcción de viviendas, de transformación y comercialización de alimentos.

En todo caso, la Junta de Castilla y León apoya económicamente los proyectos que cumplen estrictos criterios, tanto por parte de las entidades que van a recibir los fondos y gestionar las intervenciones, como de los proyectos en sí, haciendo un seguimiento pormenorizado de los resultados esperados en cada caso.

Como ha explicado Carnero, "todos los proyectos están destinados a cubrir necesidades básicas en países con índices de desarrollo bajos, que se sustenten en el tiempo y puedan avanzar por sí mismos después de la realización de las actividades; es lo que se denomina sostenibilidad de los proyectos, ya que el objetivo principal es impulsarles hasta que ellos puedan ser autosuficientes".