La Junta de Castilla y León ha celebrado este sábado una sesión extraordinaria de su Consejo de Gobierno para "analizar las propuestas de acuerdos políticos sobre amnistía y medidas financieras, conocidos el pasado 2 de noviembre, en el marco de las negociaciones para la formación del Gobierno de la Nación" y ha adoptado dos acuerdos "para defender los intereses de la Comunidad que podrían verse menoscabados si se materializan los acuerdos políticos alcanzados".

En concreto, según han explicado desde el Ejecutivo regional, las negociaciones para formar Gobierno recogen "medidas que podrían atentar contra los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de igualdad en España a través de la amnistía, y menoscabar la financiación y recursos públicos para el mantenimiento de servicios esenciales para la ciudadanía de Castilla y León, a través de medidas financieras y económicas de privilegios".

Por ello, la Junta ha dado luz verde a dos acuerdos. En primer lugar, iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la materialización formal que se produzca de los acuerdos políticos sobre la amnistía.

Y, por otra parte, también ha acordado iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante Recurso de Inconstitucionalidad o Recurso Contencioso-Administrativo contra la materialización formal de las medidas financieras y económicas recogidas en los mismos acuerdos político ante el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo o Audiencia Nacional, en función de la institución que adopte y materialice el acuerdo.

Así, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ha comparecido tras la sesión extraordinaria y ha garantizado que desde el Ejecutivo autonómica serán "firmes y tajantes" en la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de principios como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la cohesión territorial. 

Mañueco ha asegurado, en declaraciones que recoge la Agencia ICAL, que "vamos a acudir a la Justicia frente a los abusos de poder de Sánchez", para denunciar que esos acuerdos "privilegian a unos socios y agraviando al resto". "Ejerceremos el liderazgo que nos corresponde para defender a los castellanos y leoneses ante la Justicia. Nos debemos a ellos y se lo merecen", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que la amnistía es un "ataque al Estado de Derecho y una aberración política" que revela una "sumisión ante los separatistas", una "concesión inadmisible con consecuencias negativas para todos". Un ataque, dijo, para "cualquiera que cumple las normas", un "atentado a su dignidad". Asimismo, razonó que "no puede ser por España lo que va claramente contra España, ni por el interés general, lo que es un interés particular", ni "por la convivencia, sino que va contra ella, contra la Constitución y nos enfrenta a todos".

En cuanto a perdonar 15.000 millones de deuda a Cataluña, según informa ICAL, criticó que se pagará con impuestos de todos los españoles para que Sánchez "conserve su sillón". "Ha pasado de una compra-venta a una absoluta estafa", dijo, para denunciar la "afrenta a todas las autonomías" y pedir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un "instrumento que también ha pisoteado Sánchez".