El expresidente catalán Carles Puigdemont dijo este martes que una ley de amnistía, el reconocimiento y respeto a la "legitimidad democrática" del independentismo y la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos son las condiciones previas para que su formación, JxCAT, inicie las negociaciones de investidura del próximo Gobierno de España.

En una declaración ante los medios de comunicación en Bruselas, Puigdemont señaló que se trata de condiciones "previas", que hoy en día "no existen" y que, según él, "no son contrarias a la Constitución".

El expresidente catalán consideró que "no parece" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenga los apoyos suficientes para ser elegido en primera o segunda votación. "Tampoco los tiene el actual presidente (Pedro Sánchez) ni el bloque de sus socios parlamentarios de los próximos cuatro años".

"Por tanto, España se ve confrontada ahora mismo a uno de sus dilemas que no siempre ha resuelto bien: o vive en el bloqueo que podría cronificar la confrontación entre los dos bloques ideológicos que han polarizado las últimas elecciones o pacta", aseguró.

LAS TRES CONDICIONES

Puigdemont pidió un "acuerdo histórico" antes de negociar la investidura, que incluya tres grandes condiciones.

La primera, dijo, es el reconocer y respetar la "legitimidad democrática del independentismo". "No existe una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y por tanto, su derecho a la autodeterminación", afirmó Puigdemont, que no renunció a la unilateralidad "como recurso legítimo para hacer valer los intereses del pueblo catalán".

El también eurodiputado de JxCAT, exigió dejar de "criminalizar" el "hecho histórico del 1-0", reivindicó la declaración de independencia, la consulta del 9 de noviembre de 2014 y criticó la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 contra el Estatuto catalán y la del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas en 2019 por el referéndum de 2017.

En este sentido, Puigdemont dijo que la segunda condición es una ley de amnistía "que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9-N de 2014".

Afirmó que ello es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado. "Se tiene que hacer para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner un punto final ni por supuesto, para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios", precisó.

Por último, Puigdemont pidió la creación de un mecanismo de verificación del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, porque "la total falta de confianza entre las partes hace que este mecanismo sea imprescindibles y que deba operar desde el inicio de las negociaciones".

"Nuestra experiencia nos impide tener ninguna confianza en la palabra que nos den y sería una irresponsabilidad emprender una negociación de futuro que no cuente con este mecanismo", apuntó el expresidente.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha asegurado este martes que las posiciones políticas del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, para negociar la investidura del próximo presidente "están en las antípodas" de las que defiende el Ejecutivo.

"Nos separa un mundo de esas posiciones, están en las antípodas", ha declarado Rodríguez después de que Puigdemont haya puesto como condición para negociar la formación del nuevo Gobierno que se apruebe una ley de amnistía, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos.

Según Rodríguez, el planteamiento del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para ser reelegido pasa por "el diálogo, un marco que es la Constitución y un objetivo que es la convivencia".

"Este es nuestra forma de trabajar y nuestro modelo", ha añadido la también ministra de Política Territorial en funciones. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, presente también en la rueda de prensa, ha incidido en que cualquier medida que adopte el Ejecutivo debe estar "encauzada dentro del marco de la Constitución y de lo que ésta permite".