La Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, ha resuelto entre enero y junio más de mil reclamaciones centradas sobre todo en materia de energía, referidas a las facturas de gas o luz y que afectan a colectivos vulnerables. Además, según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, en este primer semestre de 2023 se han presentado más de 2.900 solicitudes de arbitraje ante la Junta Arbitral.

Esta Junta Arbitral, cuya actividad se inició en 1994 y que desde 2018 está acreditada ante la Unión Europea para la resolución de litigios en línea, en los que pueden intervenir empresas o consumidores de cualquier país integrante de la UE, ha experimentado desde 2020 un "alza sustancial de su actividad, si bien durante el año 2023 ?a fecha de 31 de julio? el aumento respecto de años anteriores es del 43%".

Este incremento está provocado, según la Junta, por la "presentación masiva de reclamaciones de consumidores castellanos y leoneses referidas, fundamentalmente, a las facturas de gas, pero también de luz ?que representan el 59% del total de reclamaciones admitidas hasta la fecha?, habiendo desplazado en importancia numérica a las tradicionales reclamaciones sobre telefonía, hasta ahora mayoritarias".

"Estas cifras ponen de manifiesto el descontento de los consumidores con la evolución experimentada por el sector energético, que está afectando de forma singular a determinados colectivos de mayor vulnerabilidad. Es el caso, por ejemplo, de las personas mayores, que tienen mayores dificultades para la comprensión y adaptación a los cambios normativos que han afectado al sector de la energía en España, y a quienes se traslada los nuevos modelos de contratos y tipos de facturación por parte de las empresas suministradoras", aseguran a través de un comunicado.

SISTEMA ARBITRAL

Cabe recordar que el arbitraje de consumo se articula legalmente como un sistema alternativo a la justicia ordinaria para dirimir controversias entre consumidores y empresas, siempre que las partes lo acepten voluntariamente. Una de sus características diferenciales es que el hecho se considera juzgado una vez dictada la resolución, por lo que el conflicto no puede volver a plantearse ante ninguna otra instancia. De este modo, la decisión arbitral es vinculante tanto para la empresa como para el consumidor y, si una de las partes no la acata, la contraria puede exigir su cumplimiento ante un juzgado de Primera Instancia.

Este servicio ofrece dos ventajas frente a la vía judicial: su gratuidad y su agilidad, ya que el procedimiento no tiene ningún coste para las partes y el plazo medio de la emisión de los laudos es de dos meses desde la designación del órgano arbitral. En la actualidad, 3.157 empresas de la Comunidad están adheridas a la Junta Arbitral autonómica, que el pasado año 2022 resolvió 2.770 solicitudes.