La Junta de Castilla y León ha dispuesto una serie de iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica que amortigüen el impacto que este incremento extraordinario de los precios, especialmente de los productos básicos, tiene en los colectivos más vulnerables. En este sentido, las prestaciones y ayudas que actualmente ofrece el sistema de Servicios Sociales de Castilla y León se refuerzan con otras medidas de apoyo a las familias y colectivos vulnerables

Así, para paliar la pérdida de poder adquisitivo en colectivos que están en riesgo de exclusión y se encuentran en estado de mayor dificultad, el Boletín Oficial de Castilla y León -Bocyl- ha publicado la convocatoria de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la concesión del Bono de Urgencia Social a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía -RGC- de Castilla y León que no sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital -IMV-. La cuantía se concreta en un único importe correspondiente al 15 % de la cuantía mensual que percibe de la prestación Renta Garantizada de Ciudadanía multiplicado por tres meses.

El departamento que dirige Isabel Blanco convoca este Bono de Urgencia Social por un importe de 600.000 euros con la finalidad de compensar las especiales dificultades que están atravesando los perceptores de la RGC para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo derivado del incremento extraordinario del precio de los productos básicos, especialmente el coste energético.

Esta medida se pone en marcha tras la aprobación por la Junta de Castilla y León, a mediados de abril, de un plan de respuesta ante el agravamiento de la situación económica donde se contemplaban medidas específicas destinadas a las familias y a los colectivos más vulnerables. Una de las medidas comprometidas fue incrementar las cuantías de los perceptores de la Renta Garantizada de la Comunidad en un promedio del 15 % durante tres meses.

En esta línea, la consejera de Familia anunció a principios de esta legislatura la creación del Bono de Urgencia Social como herramienta para atender situaciones de necesidad puntuales como las derivadas del incremento del coste energético u otras sobrevenidas que afecten, de manera general, a las familias y personas con menos recursos. Este compromiso de legislatura se cumplió con la reciente aprobación del decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica. En este texto legal se crea el Bono de Urgencia Social, en el ámbito de los Servicios Sociales, con el objetivo de poder conceder ayudas económicas, de manera puntual y por circunstancias extraordinarias, a aquellos colectivos particularmente vulnerables cuando sufran situaciones de especial agravamiento.

A este Bono de Urgencia Social que lanza la Consejería de Familia podrán optar todas aquellas personas titulares de la prestación de la RGC de Castilla y León que no estén percibiendo a la vez la del Ingreso Mínimo Vital. Los potenciales beneficiarios de este bono son aproximadamente 2.500 personas en situación de vulnerabilidad dentro de la Comunidad. Teniendo en cuenta que la cuantía media que reciben habitualmente son 490,89 euros mensuales y que el 15 % supone 73,63 euros al mes, tendrán derecho a percibir un Bono Social de Urgencia de 220,90 euros de una sola vez equivalente a tres meses.

Para acogerse a este bono es requisito imprescindible la presentación de la correspondiente solicitud y que sea perceptor de la RGC sin ser a la vez beneficiario del Ingreso Mínimo Vital. Para que este bono llegue al mayor número de personas en situación de necesidad, a través de los profesionales de los Servicios Sociales se hará una campaña de información a los potenciales beneficiarios para que puedan tener conocimiento de esta nueva ayuda social.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el miércoles 3 de agosto, hasta el 15 de septiembre de 2022, incluido.