El Colegio de la Abogacía de Salamanca ha convocado una concentración este miércoles, a las 12.00 horas ante los jugados de la plaza Colón, para pedir la finalización del conflicto de los funcionarios judiciales, reactivar "de forma inmediata" el servicio público de la Justicia, que está afectando a ciudadanos y profesionales; y reclamar "medidas urgentes" para resolver los retrasos de los procesos judiciales.

La movilización se lleva a cabo en todas las ciudades de España ante la "crisis" que atraviesa este servicio esencial. Durante la lectura del manifiesto, han indicado que la "Justicia es una cuestión de Estado. El poder judicial tiene la misión de garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y los ciudadanos. Un poder judicial paralizado es un poder inútil, que abandona a los ciudadanos a su suerte, incumpliendo además el mandato constitucional".

En este sentido, han indicado que corresponde al Estado "garantizar la correcta prestación del servicio público de justicia, solucionando con la máxima diligencia posible los conflictos que impidan o entorpezcan el normal funcionamiento del mismo. Por ello, reclaman "la formalización de un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y la adopción de medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados".

Según han relatado, la actual situación del servicio público de justicia "es insostenible, y su paralización por diversas huelgas desde hace más de cuatro meses está causando gravísimos perjuicios tanto a funcionarios como a profesionales y ciudadanos: a los funcionarios, por cuanto la desidia del Estado para tratar de resolver el conflicto generado les obliga a alargar la huelga en defensa de sus derechos, con las lógicas consecuencias económicas y de acumulación de trabajo que, en algún momento, habrán de realizar; a los profesionales (abogados y procuradores) porque la actual situación de la justicia, además de no permitirnos desarrollar nuestro legítimo derecho a trabajar, nos obliga a incurrir reiteradamente en gastos superfluos, consecuencia de actuaciones judiciales que no se realizan, pero a las que nos vemos obligados a acudir una y otra vez".

En resumen, "gastamos pero no ingresamos", lo que se traduce en una grave situación de crisis económica que afecta profundamente a un sinfín de profesionales y a sus familias. Pero, sobre todo, a los ciudadanos, "que ven imposibilitado o, cuando menos, gravemente obstaculizado, su acceso a la justicia, sin visos de poder obtener una solución eficaz y eficiente a sus problemas y necesidades, con demoras en los señalamientos de juicios que en algunos casos alcanzan ya fechas tan irrazonables como el año 2027, o pensiones de alimentos retenidas en los órganos judiciales, a la espera de que alguien ordene su pago al ciudadano, que, mientras, hace malabarismos para sobrevivir".

"La justicia lenta no es justicia, pero la actual situación nos lleva a categorizarla no ya de lenta, sino de prácticamente inexistente. Sin embargo, sin Justicia no hay democracia ni libertad y los ciudadanos requieren de una Justicia pronta y de calidad".

Finalmente, han exigido al Estado y al Ministerio de Justicia la "inmediata solución de la parálisis del servicio público de justicia, que se desangra ante la mirada impasible de nuestros representantes; y requerimos del estamento político su firme compromiso para alcanzar un Pacto de Estado durante la próxima legislatura que permita crear un servicio público de Justicia, efectivo y de calidad, que haga honor al Estado social y democrático de Derecho que es España. La sociedad española se merece que nuestros representantes realicen, en favor de la Justicia, un ejercicio de responsabilidad democrática, política y social, porque, como decíamos al comienzo, la Justicia es una cuestión de Estado".