El Gobierno comunica al Supremo, a petición de la candidatura de Granada, que no dispone de las "tablas de valoración y la puntuación" de las ciudades aspirantes
Carriedo critica la "falta de transparencia" en la elección de la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial
El parlamentario del PP ha calificado de "subjetiva y política" la decisión de escoger a La Coruña como sede en detrimento de Salamanca o Segovia
El parlamentario autonómico del Partido Popular Carlos Fernández Carriedo ha denunciado "falta de transparencia, objetividad e igualdad" en la asignación, por parte del Gobierno central, de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial a la ciudad gallega de La Coruña, en detrimento de las dos castellanas y leonesas que optaban a albergar la sede, Salamanca y Segovia.
Fernández Carriedo, eso sí, ha matizado que estas consideraciones fueron planteadas "en calidad de miembro de un partido político", no como como consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, papel institucional con el que intervino hoy junto a la consejera de Educación, Rocío Lucas, en la entrega de los XXII Premios de Estadística de Castilla y León, celebrada hoy en la Delegación Territorial de Salamanca.
Preguntado por las dudas planteadas en el seno del Tribunal Supremo tras pedir al Gobierno central la documentación técnica que avalaba esta decisión gubernamental y que no ha sido entregada a tal efecto, Carriedo recordó que, ya en su momento advirtió su preocupación por toma de estas decisiones. "Los ayuntamientos habían muy buenas candidaturas, que nosotros habíamos apoyado, y creo que esas candidaturas no se valoraron con criterios de transparencia y de objetividad y de igualdad", insistió.
Quien también es portavoz de la Junta de Castilla y León reconoció, eso sí, que es "difícil" que pueda demostrarse judicialmente porque "lógicamente, en el ámbito de decisión de un gobierno están los criterios subjetivos". "Pero si al final la decisión es por decisión subjetiva y política, no tenían que habernos convocado a un procedimiento público, dándole una apariencia de lo que luego no ha sido, un procedimiento abierto", criticó.
Obviando la dificultad de obtener una sentencia favorable, por la cierta capacidad de discreción en la toma de decisiones con la que puede actuar un gobierno, Carriedo criticó más las formas que el fondo. "Aquí yo creo que el error es haber intentado vender como un elemento de fomento demográfico, de ayuda a la lucha contra la despoblación, lo que finalmente no era tal, era un procedimiento absolutamente político y subjetivo sobre las bases de una cierta apariencia de participación y de objetividad, que no existió nunca", zanjó.
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