El Gobierno ha comunicado al Tribunal Supremo que no dispone de parte de la documentación que le solicitó respecto al expediente administrativo de elección de La Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). 

De acuerdo al oficio de la comisión consultiva para la determinación de las sedes de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal, remitido al alto tribunal y al que ha tenido acceso EFE este martes, el referido órgano informa de que "no se dispone" de la documentación referida a las "tablas de valoración y la puntuación detallada obtenida por las candidaturas presentadas". Cabe recordar que Salamanca fue una de las ciudades que concurrió a dicha candidatura y que finalmente no fue elegida.

La secretaria de la comisión consultiva traslada además no se estableció una "metodología concreta" para la elaboración del informe ni del dictamen, que "goza de libertad" para ello y que los ha realizado "cumpliendo" el tenor literal del Real Decreto 209/2022. "Por lo que no ha lugar la exigencia de una valoración numérica o cuantificable para cada criterio, como solicita la parte recurrente", señala la referida comisión.

Este oficio ministerial se produce después de que el propio Tribunal Supremo urgiera el pasado mayo al Gobierno a que le remitiera la ampliación del expediente administrativo que le solicitó sobre la elección de La Coruña como sede de la Agencia, después de que el colectivo Juntos por Granada recurriera judicialmente dicha designación, que privó a la ciudad andaluza de contar con ese organismo estatal. Este colectivo ha anunciado su intención de impugnar un acuerdo gubernamental adoptado este martes respecto a la sede de la Aesia, una vez que el mismo sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mediante la ampliación del recurso ya interpuesto ante el Supremo.

A la actuación de Juntos por Granada se suma la decisión del Ayuntamiento de esta capital andaluza, que acordó a finales de abril interponer ante el Tribunal Supremo una demanda contra la decisión del Consejo de Ministros por la que se designó la sede para La Coruña, medida que no incluía la petición de medidas cautelares.