Ana Isabel Pérez Cepeda, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca desde 2016 y, por tanto, expecialista en la materia, analiza la situación, entendiendo la ley "como global", que se basa en la búsqueda de la "prevención" y, sobre todo, "una transformación integral de la sociedad". 

"Esta ley contempla medidas de prevención y protección una vez que el sistema ya ha fracasado, momento en el que hay víctimas, esencialmente mujeres. Trata de prevenir la criminalización secundaria y de ofrecer una asistencia integral a las mujeres una vez que existe esa violencia. Supone un paso adelante. Es una ley de protección integral de la libertad sexual y que estemos hablando de tres preceptos del codigo penal y de las penas... me parece una política fracasada", opina. 

Bajo su punto de vista, este tipo de reacciones, que "no es la primera vez que ocurren con este tipo de leyes", consiguen "desenfocar todo". Y, por ello, quiere "dar la cara", siendo muy clara: "Defiendo esta ley. Lo más importante es que la primera pregunta en un proceso no sea si ha habido violencia o intimidación. No. Esa va a ser la última. La primera pregunta será si la mujer consintió o no. Por eso es importante esta ley, es importante que no se modifique, el centro debe ser el consentimiento". 

Apuntando a lo estrictamente penal, la catedrática y profesora de la USAL, apunta a la "desproporción" de las penas de los delitos contra la libertad sexual con respecto al resto de penas del ordenamiento jurídico. "A día de hoy una pena máxima contra la libertad sexual puede ser la misma que un asesinato", por lo que no considera negativo su "reajuste". Ahora bien, sí considera que debería haber habido un estudio sobre cómo iba a afectar la ley a las sentencias en firme y, por tanto, asume como "error" no haber redactado una disposición. 

"Ese estudio lo debería haber hecho el Ministerio de Justicia. Cuando se promulga una ley y se hace de forma racional, se aprueba un proyecto y se ve si coincide con los principios y fines del derecho penal. Además, no solo debe haber una evaluación prelegislativa, sino también poslegislativa, y eso es lo que se está viendo ahora", aclara. 

Una evaluación marcada por las reducciones de condena: "Hay que ver en qué ha consistido la rebaja, respecto a qué hechos y que casos concretos. ¿Ha hecho el juez simplemente una operación matemática? Porque eso pasa, hay jueces que no intentan aplicar correctamente la ley y lo que da de sí la ley. Creo que debería haber habido una 'vacatio legis' y haber formado a los jueces para la aplicación de la misma y la reducción de condena". 

Hace especial énfasis en el punto de la formación: "Hay que dar cursos durante toda la adjudicatura para que aprendan a aplicar a la ley. Hay claros y oscuros, y por eso hay ese margen. Poner una pena no es una operación matemática, se basa en hechos, en circunstancias que rodean al suceso. Y se debe hacer desde una perspectiva de género porque la mayoría son víctimas mujeres". 

Solo el 8% de las mujeres que subren algún tipo de violencia denuncia: "Eso es lo preocupante. Eso es a lo que hay que dar importancia. Insisto, cuando hay un delito ya hay un fracaso. Y ahora con esta ley, habrá más denuncias, porque saben que están protegidas".