La concejala de Podemos del Ayuntamiento de Salamanca pedirá, según ha informado previamente a los medios de comunicación, la dimisión de Javier Iglesias como concejal del Ayuntamiento de Salamanca. 

A falta de una fecha para la apertura del juicio oral por el que tanto Javier Iglesias, actual presidente de la Diputación de Salamanca, como la gerente del PP en Salamanca y el propio Partido Popular a nivel nacional; están siendo investigados por irregularidades en las elecciones primarias en la que Alfonso Fernández Mañueco fue elegido como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carmen Díez solicita la dimensión de Iglesias. 

Según el partido morado "existen en el proceso suficientes indicios racionales de haber cometido un delito de financiación ilegal de partidos políticos contemplado en el artículo 304.bis apartado 1 y 5 del Código Penal, de los que sería responsable Javier Iglesias en su condición de Presidente del PP de Salamanca". 

La financiación ilegal de partido político es "uno de los delitos más graves que pueda cometer un partido político", valora Díez en un comunicado, "y aunque en declaraciones en prensa, el aún concejal y Presidente de la Diputación de Salamanca, considera que se trata de un asunto interno del PP, sus consecuencias son públicas y la ciudadanía y el sistema democrático son los perjudicados en última instancia. También su partido a nivel nacional al que le sitúa en una delicada posición ante las evidencias que aparecen en el sumario".

Ante tal contexto, se pide al pleno que acuerde "exigir, por responsabilidad política, la dimisión de Francisco Javier Iglesias como concejal del Ayuntamiento de Salamanca tras la confirmación definitiva de su condición de investigado en el proceso judicial por la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Salamanca". 

CONTEXTO POLÍTICO

Javier Iglesias ha reconocido públicablemtne que se "pagaron cuotas de afiliados para que los que quisieran pudieran legítimamente votar en las primarias autonómicas, al ser una oportunidad única que Alfonso Fernandez Mañueco fuese (como así llegó a ocurrir), Presidente de la Junta de Castilla y León".

Sin embargo, se investiga que dicha acción no cumple con la normativa recogida en el Código Penal, la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de partidos políticos y el propio código ético del PP.