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Mañueco enfría la presentación de un recurso contra el decreto energético
El presidente de la Junta respalda que haya un plan de ahorro obligatorio para las administraciones públicas y voluntario con incentivos para empresas
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó hoy que los Servicios Jurídicos de la Comunidad estudian en este momento la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del plan de ahorro energético, pero precisó que cada comunidad tiene su normativa competencial y el hecho de que se presente en una no quiere decir que se haga lo mismo en otra.
Durante su comparecencia de inicio del curso político en la que avanzó algunas medidas de rebaja fiscal que irán en la ley de Medidas que acompaña a los presupuestos, Fernández Mañueco se refirió así al recurso que analiza los servicios jurídicos y que su socio de Vox ha pedido que se presente.
"No quiere decir que todo aquello que no guste desde el punto de vista político tenga que tener un recurso de inconstitucionalidad", argumentó sobre su presentación por parte de la Comunidad de Madrid. "No es lo mismo la normativa competencial de cada comunidad, somos distintos, que se pueda presentar en una comunidad no quiere decir que se presente en otra", sostuvo.
No obstante, remarcó que para él "la palabra del director general de Servicios Jurídicos va misa" y confió en que en breve se tenga el informe jurídico para tomar una decisión, aunque dejó claro que el hecho de que lo presente una comunidad, como Madrid, no quiere decir que lo hagan otras, ya que Andalucía ha dicho que no tomará esa decisión.
El presidente de la Junta explicó que en el documento que se remite al Gobierno se plantea que las medidas de ahorro energético tengan carácter obligatorio para todas las administraciones públicas y sean de concienciación y voluntarias para empresas, aunque, en esos casos, con incentivos fiscales.
Reiteró el dirigente popular que el decreto del Gobierno no les gusta ni en la forma ni en el fondo al considerar que su elaboración, sin consultas a las comunidades y sectores productivos, fue "incorrecta e inadecuada".
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